El Tribunal Administrativo del Tolima profirió un auto en sede de ejecución de sentencia, mediante el cual decretó el embargo y retención de sumas de dinero en cuentas bancarias de una entidad administradora de pensiones. La decisión se fundamenta en las excepciones a la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, aplicables a créditos de naturaleza pensional reconocidos en sentencia judicial ejecutoriada.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en auto de instancia ejecutiva, aprobó la liquidación de costas y ordenó el pago por abono en cuenta y la conversión de depósitos judiciales relacionados con un proceso ejecutivo. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 366 del Código General del Proceso.

El Despacho Segundo del Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia, profirió un auto en el proceso ejecutivo radicado bajo el número correspondiente. En la decisión, se requiere a la parte ejecutante precisar la solicitud de medida cautelar de embargo y retención de dineros, por carecer de identificación concreta de entidades financieras y recursos afectados. La medida se difiere hasta que se cumpla con esta precisión, fundamentada en la necesidad de individualizar el objeto de la cautela para su análisis y procedencia.

El Tribunal Administrativo del Meta, en segunda instancia, confirmó el auto del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio que reguló los honorarios profesionales en un incidente derivado de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión sostuvo que la sustitución del poder otorgado a la apoderada inicial no extingue la relación contractual ni modifica el acuerdo sobre honorarios, por lo que se mantuvo el reconocimiento del 40% de las sumas reconocidas judicialmente.

El Despacho Segundo del Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual negó una solicitud genérica de impulso procesal presentada en un proceso ejecutivo. La decisión se fundamentó en que no existe actuación pendiente a cargo del Despacho y que corresponde a la parte ejecutante promover las actuaciones necesarias para la satisfacción del crédito.