Los ministerios del Trabajo y de Salud publicaron para consulta pública un proyecto de decreto que subrogaría el capítulo del Decreto 1072 de 2015 sobre trabajo doméstico remunerado. Exige formalizar contratos por escrito y registrarlos en la PILA, aplicar el régimen laboral general en jornada, recargos y prima, y garantizar seguridad social y salud en el trabajo. Las inspecciones domiciliarias requerirían consentimiento, salvo excepciones legales. Las relaciones laborales y aportes existentes se preservarían. El texto aún no produce efectos legales.

El Ministerio del Trabajo publicó para consulta pública un proyecto de decreto que subrogaría el capítulo del Decreto 1072 de 2015 sobre acoso, violencia y discriminación laboral. Articula las leyes aplicables a cada conducta, establece principios como confidencialidad y prohibición de retaliación, y obliga a empleadores a adoptar protocolos, canales accesibles de quejas y medidas de protección, algunas en máximo cinco días hábiles. También exige publicar semestralmente cifras anonimizadas sobre acoso sexual. Las actuaciones en curso continuarían sin archivo automático.

El Ministerio del Trabajo publicó para consulta pública un proyecto de decreto que regula las medidas preventivas en la inspección laboral. Propone derogar el capítulo incorporado por el Decreto 720 de 2026 y añadir uno nuevo al Decreto 1072 de 2015. Las medidas serían órdenes inmediatas, motivadas y proporcionales, adoptadas por inspectores mientras persista el riesgo. Las medidas adoptadas previamente se revisarían individualmente, sin levantamiento automático. El borrador aún no produce efectos y recibe comentarios ciudadanos hasta la fecha límite fijada.

El Ministerio del Trabajo presenta un proyecto de decreto que modifica los artículos 2.2.9.7.3 y 2.2.9.7.5 del Decreto 1072 de 2015. La propuesta introduce cambios en la graduación de las multas por despido retaliatorio relacionado con acoso sexual y en la competencia para imponer dichas sanciones. Esta norma se encuentra en etapa de consulta pública y no está en firme ni produce efectos legales. Se invita a la ciudadanía a participar mediante observaciones antes de la fecha límite establecida.

La Dirección General Marítima expidió la Resolución 1141 de 2026, mediante la cual se adiciona el artículo 6.2.1.73. al Reglamento Marítimo Colombiano (Remac 6) en materia de tarifas. La norma establece las tarifas en Unidad de Valor Básico (UVB) para el servicio diario de navegación y el costo diario en puerto del buque tipo ARC “SIMÓN BOLÍVAR”.

El Ministerio de Salud y Protección Social propone un proyecto de resolución que modificaría el numeral 6 del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, unificando la regulación para adaptar la prestación de servicios de salud en situaciones de emergencia. Este proyecto se encuentra en etapa de comentarios públicos y aún no produce efectos jurídicos vigentes.

El Ministerio del Trabajo propone un proyecto de resolución que adicionaría y modificaría artículos de la Resolución 1789 de 2026, relacionada con el proceso y condiciones para el otorgamiento del Beneficio para la Creación de Nuevos Empleos – CREA EMPLEO. El proyecto se encuentra en etapa de comentarios públicos y aún no tiene efectos jurídicos vigentes.

La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió un auto de segunda instancia que confirma la nulidad de dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín. El tribunal ordena realizar una nueva liquidación de la participación en plusvalía aplicando el descuento de áreas de cesión obligatoria, y dispone el reintegro de pagos en exceso. La decisión se fundamenta en la aplicación correcta del artículo 78 de la Ley 388 de 1997 y en la garantía del debido proceso.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó el auto del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó el pago de intereses legales, corrientes y moratorios, así como de la corrección monetaria sobre la devolución de cuotas del impuesto al patrimonio del año gravable 2011. La decisión se fundamenta en la aplicación del artículo 863 del Estatuto Tributario, que regula la causación de intereses en devoluciones tributarias.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, confirmó en segunda instancia la nulidad de dos actos administrativos emitidos por la Secretaría de Hacienda Municipal, que rechazaron por extemporáneas las excepciones presentadas contra un mandamiento de pago por impuesto predial. La decisión se sustentó en la irregularidad del procedimiento de notificación, que vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante.

El auto proferido por la Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado en segunda instancia resuelve el decreto de pruebas en el recurso extraordinario de revisión presentado por una organización sindical contra la Superintendencia de Sociedades. La decisión incorpora las pruebas documentales aportadas por las partes y ordena incorporar un expediente de reparación directa de un tribunal administrativo para su consideración en la sentencia.

Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en instancia de revisión automática, que ordena la incorporación de la copia digital del expediente disciplinario al proceso. La decisión se fundamenta en la necesidad de contar con la documentación completa para la valoración probatoria en el trámite del recurso.

El Consejo de Estado, en auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Dos Especial de Decisión, rechazó por extemporáneo un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra sentencia de 2024 en proceso de reparación directa. La decisión se fundamenta en la inobservancia del término legal de un año para la presentación del recurso, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, profirió un auto que acepta el desistimiento de la demanda presentado por la parte actora en un proceso de acción contractual. La decisión se basa en la existencia previa de una sentencia que declaró la nulidad de los actos administrativos objeto de la demanda, lo que hace innecesaria la continuación del proceso.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, en auto proferido en segunda instancia, confirmó la negación de incorporar procesos penales como prueba en un caso de reparación directa contra el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión se fundamenta en la falta de individualización precisa de las providencias solicitadas para su incorporación y la pertinencia procesal dentro del litigio.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, profirió un auto en el que remitió una acción de cumplimiento al Tribunal Administrativo de Antioquia por falta de competencia en primera instancia. El tribunal explicó que corresponde a los tribunales administrativos conocer en primera instancia este tipo de acciones contra autoridades nacionales. La decisión se fundamenta en el análisis del marco normativo aplicable que establece la competencia para conocer de la acción.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio en el trámite de una acción de nulidad absoluta. La decisión dispone prescindir de la audiencia inicial y de las audiencias de pruebas y alegaciones, fija el objeto del litigio y ordena el traslado para alegar de conclusión. La razón principal es que el asunto es de puro derecho y no requiere práctica de pruebas adicionales.

El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, emitió un auto en primera instancia que inadmite una solicitud de pérdida de investidura presentada contra un congresista electo para el periodo 2026-2030. La inadmisión se fundamenta principalmente en el incumplimiento parcial de los requisitos formales previstos en la Ley 1881 de 2018 y en la imposibilidad de que una veeduría ciudadana promueva esta acción. Se concede un término para subsanar las deficiencias señaladas.

El Consejo de Estado, en auto proferido en primera instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo, declaró su falta de competencia para conocer una acción de cumplimiento contra la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Barranquilla, conforme a las reglas procesales vigentes.

El Consejo de Estado, en auto interlocutorio proferido en segunda instancia, resolvió aplicar la doctrina del acto aclarado para evitar solicitar nueva interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La decisión se fundamenta en la existencia de criterios previos publicados que interpretan las normas comunitarias involucradas, flexibilizando así la obligación de consulta prejudicial.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó el auto del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que declaró la nulidad de la liquidación oficial y la resolución de reconsideración relacionadas con la estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo. La decisión se fundamenta en la nulidad previa de las normas que sustentaban la obligación tributaria y la sanción impuesta.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio en primera instancia mediante el cual inadmite la demanda presentada por una sociedad que solicitaba la nulidad absoluta de una resolución administrativa. La inadmisión se fundamenta en el incumplimiento del requisito de acompañar copia del acto administrativo objeto de la demanda o acreditar que se solicitó previamente y fue denegada dicha copia. Se concede un plazo para subsanar esta omisión.

El Consejo de Estado, en sentencia de única instancia, declaró la nulidad parcial de varios decretos expedidos por el Gobierno Nacional relacionados con la bonificación judicial para servidores públicos de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación. La Sala consideró que dichos decretos desconocen los lineamientos legales sobre la naturaleza salarial de esta bonificación, ordenando que se reconozca su carácter de factor salarial para todos los efectos legales, más allá de la base de cotización a pensión y salud.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio en el que rechazó una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 2 del Decreto 1209 de 2024 y el artículo 4 de la Resolución 2451 de 2025. La decisión se fundamenta en la falta de subsanación de los requisitos formales exigidos para la admisión de la demanda.

El Consejo de Estado, a través de un auto proferido por la vicepresidencia en segunda instancia, resolvió un conflicto negativo de competencias entre las secciones Primera y Tercera sobre la competencia para conocer una demanda de nulidad contra una resolución que declara un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La decisión declaró competente a la Sección Primera, fundamentada en la naturaleza del acto administrativo y la distribución interna de competencias del Consejo.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, negó la solicitud de adición a la sentencia de segunda instancia en un proceso de nulidad electoral relacionado con la presunta inhabilidad por intervención en contratos públicos. La decisión se fundamenta en que no existió omisión en el pronunciamiento sobre los cargos planteados en la demanda.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolvió en Sala Unitaria un recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La decisión negó la apelación por improcedente, fundamentando que el auto recurrido no decretó medida cautelar apelable y que la Ley 472 de 1998 regula expresamente la procedencia de recursos en acciones populares.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, confirmó el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad de liquidaciones oficiales de revisión y confirmó la firmeza de las declaraciones privadas del impuesto sobre las ventas (IVA) correspondientes a los bimestres 4 y 6 de 2012. La decisión se fundamenta principalmente en la interpretación del artículo 705-1 del Estatuto Tributario, que unifica los términos de firmeza de las declaraciones de IVA con los de la declaración de renta del mismo año gravable.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había declarado la nulidad parcial de actos administrativos relacionados con el impuesto predial unificado para la vigencia 2017. El tribunal confirmó la legalidad de la tarifa aplicada para un inmueble clasificado como urbanizable no urbanizado, al considerar que la ausencia del plan parcial requerido para su desarrollo no era imputable a la Administración Distrital.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió en segunda instancia confirmar la sentencia que negó la nulidad del acto administrativo mediante el cual la DIAN aprobó el remate de un inmueble. La decisión se fundamenta en la constatación de que las notificaciones y la publicidad del remate se realizaron conforme a la normativa aplicable, y que las irregularidades alegadas quedaron saneadas por no haberse impugnado oportunamente.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, profirió un auto que confirma el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la declaración de desistimiento tácito del proceso. La decisión se fundamenta en la extemporaneidad del recurso y la incorrecta aplicación del cómputo de términos procesales por parte del tribunal de origen.

El Consejo de Estado, en auto proferido en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, resolvió un conflicto negativo de competencia entre dos juzgados administrativos. La decisión declara competente al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta para conocer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionada con una sanción impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La razón principal es que el hecho generador de la sanción ocurrió en Santa Marta, conforme al criterio territorial previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la nulidad de la liquidación oficial y resolución de recurso de reconsideración proferidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Norte de Santander. La decisión se fundamenta en la nulidad previa de las disposiciones normativas que sustentaban la obligación tributaria y la sanción impuesta a la sociedad demandante por el pago de la Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta que declaró la nulidad parcial de actos administrativos de la UGPP y ordenó la reliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) para el año 2016. La decisión se fundamentó principalmente en la indivisibilidad de la prueba documental y la presunción de veracidad de la declaración de renta.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, confirmó el auto del Tribunal Administrativo de La Guajira que negó la solicitud de suspensión provisional del acto de elección del alcalde de Fonseca para el periodo 2024-2027. La decisión se fundamenta en que, en esta etapa procesal, no se evidenció una vulneración normativa clara que justifique la suspensión, especialmente considerando las medidas judiciales que suspendieron la revocatoria de inscripción del candidato.

Sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revoca las resoluciones que impusieron sanción por imputación improcedente de saldos a favor del IVA y ordena el restablecimiento del derecho, con fundamento en la procedencia de corregir las declaraciones receptoras de las imputaciones. La decisión se sustenta en que las imputaciones deben ajustarse conforme a las correcciones judicialmente reconocidas, lo que impide exigir el reintegro y los intereses moratorios inicialmente demandados.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, profirió un auto en instancia de súplica que adecúa el medio de control y remite el expediente al tribunal administrativo competente. La providencia resuelve que la demanda debe tramitarse por la vía de nulidad y restablecimiento del derecho, y que la competencia corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que el acto administrativo impugnado fue expedido en Bogotá.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en auto de única instancia, admitió demanda de nulidad electoral contra la elección de un senador para el período 2026-2030 y negó la suspensión provisional de los efectos del acto de elección. La decisión se fundamenta en la ausencia de pruebas suficientes para acreditar, en esta etapa procesal, la configuración de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, profirió un auto que admite la demanda de nulidad electoral respecto a la elección de representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca para el periodo 2026-2030. La decisión se fundamenta en que la demanda cumple con los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, profirió un auto en primera instancia admitiendo la demanda de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección de tres senadoras para el periodo 2026-2030. Sin embargo, negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. La decisión se fundamenta en la ausencia de evidencia preliminar que demuestre la vulneración de normas superiores invocadas.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual fijó las agencias en derecho en un proceso ejecutivo seguido contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. La decisión estableció el monto a pagar por concepto de agencias en derecho, basado en la cuantía determinada para continuar con la ejecución, conforme a la normativa vigente.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual fijó las agencias en derecho en un proceso ejecutivo de mayor cuantía. La decisión establece el monto correspondiente a estas agencias con base en la normativa aplicable y ordena la liquidación de costas y agencias en derecho por parte de la Secretaría.

El Tribunal Administrativo de Arauca, en auto proferido en segunda instancia, resolvió decretar medidas cautelares de urgencia en el marco de una acción popular contra el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). La decisión ordena la implementación de medidas preventivas para mitigar riesgos en el Puente Internacional José Antonio Páez, fundamentándose en la existencia de un riesgo actual para la seguridad de los usuarios y la necesidad de protección inmediata.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en auto de sustanciación proferido en segunda instancia, admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia emitida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cartagena. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos legales para la admisión del recurso conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en auto proferido en segunda instancia, declaró atendido el requerimiento de entrega de información pública ordenado en sentencia previa contra la Policía Metropolitana. La decisión se sustentó en la acreditación de la remisión completa de los documentos ordenados, con aplicación del principio de divulgación parcial según la Ley 1712 de 2014.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto interlocutorio proferido en instancia de tutela de derechos colectivos, ordenó requerir al Departamento Nacional de Planeación para que suministre información de contacto de varios fondos mixtos vinculados al proceso. Esta decisión busca garantizar la notificación personal de dichas entidades y asegurar el debido proceso en el trámite de la acción popular.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, profirió un auto en el proceso electoral que anuncia la intención de dictar sentencia anticipada. La decisión se fundamenta en que el asunto es de puro derecho y no requiere la práctica de pruebas adicionales para resolverlo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, resolvió un auto mediante el cual negó el recurso de reposición interpuesto contra la decisión que negó el decreto de un medio de prueba solicitado por la parte actora. La decisión se fundamentó en que no se acreditó la procedencia excepcional para admitir pruebas en segunda instancia conforme al artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, profirió auto que ordena el emplazamiento de una sociedad integrante de un consorcio vinculado a un contrato con una entidad pública. La decisión responde a la imposibilidad de notificar personalmente a dicha sociedad, declarada litisconsorte necesario por el Consejo de Estado, y se fundamenta en la normativa procesal aplicable para garantizar la integración del contradictorio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, en auto proferido en segunda instancia, resolvió reponer parcialmente un auto previo relacionado con la aportación de pruebas documentales en un proceso de reparación directa. La decisión se fundamentó en que la entidad demandada aportó la documentación requerida fuera del término inicialmente concedido, por lo que el requerimiento para que aportara nuevamente dichos documentos carecía de objeto.

El Tribunal Administrativo de La Guajira profirió un auto en primera instancia que ordena remitir traslado del recurso de reposición y apelación al Ministerio Público. La decisión se basa en la omisión de practicar dicho traslado, conforme a lo previsto en el Código General del Proceso, para garantizar el estudio adecuado del recurso presentado.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en auto proferido en segunda instancia, resolvió incorporar al expediente documentos allegados por el municipio demandado y aclaró que el proceso corresponde al medio de control de revisión de legalidad. La decisión se fundamenta en la revisión integral del auto admisorio previo y en la necesidad de continuar el trámite conforme a la normativa aplicable.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió un auto en segunda instancia declarando <b>desierto</b> el recurso de apelación interpuesto en un proceso de responsabilidad civil extracontractual. La decisión se fundamenta en la ausencia de sustentación escrita del recurso dentro del término legal, conforme a lo establecido en el Código General del Proceso y la Ley 2213 de 2022.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, confirmó un auto que negó la práctica de pruebas solicitadas durante el trámite de apelación en un proceso de simulación. La decisión se fundamentó en la improcedencia de la solicitud de pruebas extemporáneas y el desistimiento voluntario de una de ellas en primera instancia.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, en segunda instancia, profirió un auto de apelación verbal en el que se revocó la providencia apelada. La decisión negó legitimación a un tercero adquirente para oponerse a una diligencia de entrega ordenada tras la resolución de un contrato de compraventa. El fundamento principal radica en que el tercero deriva su derecho de las partes demandadas y vencidas en el proceso, por lo que la sentencia produce efectos en su contra.