El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio en el trámite de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En esta decisión, el tribunal dispuso prescindir de la audiencia inicial y de las audiencias de pruebas y alegaciones, aplicó la doctrina del acto aclarado para la interpretación prejudicial, y fijó el objeto del litigio, fundamentando su resolución en la ausencia de prueba por practicar y en la existencia de precedentes comunitarios sobre la materia.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en decisión interlocutoria, inadmitió un recurso extraordinario de revisión contra sentencia de la misma corporación debido a la falta de acreditación del envío electrónico del recurso y de su constancia de ejecutoria. La providencia ordena subsanar estas omisiones en un plazo de cinco días.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Subsección B, profirió un auto en segunda instancia que negó la solicitud de interrupción del proceso y rechazó el incidente de nulidad presentado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en la inexistencia de actuación posterior a la sentencia susceptible de interrupción y en que los argumentos para la nulidad no corresponden a causales legales aplicables.

Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en segunda instancia. En la decisión se ordena el traslado de pruebas reservadas remitidas por la Corte Suprema de Justicia, con medidas que garantizan su reserva, para asegurar el derecho de defensa y contradicción de las partes. La decisión se fundamenta en la necesidad de preservar la confidencialidad de las pruebas recaudadas en instrucción penal.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en segunda instancia, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenaba el nombramiento en período de prueba de un fiscal delegado. La Sala declaró configurada la cosa juzgada respecto de la pretensión de cumplimiento del artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014, en relación con la lista de elegibles adoptada mediante la Resolución 0026 de 2026, con base en una sentencia previa sobre el mismo objeto y causa.