La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) propone un proyecto de resolución para adoptar el acotamiento de la ronda hídrica de la Laguna de Suesca, ubicada en los municipios de Suesca y Cucunubá. El proyecto establecería las delimitaciones físicas y las estrategias para el manejo ambiental de esta área. Actualmente, se encuentra en etapa de participación ciudadana para la recepción de observaciones, sin efectos jurídicos vigentes.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expide el Decreto 1514 de 2026, publicado el 9 de octubre de 2026, que deroga las prohibiciones previas a la exportación de hullas térmicas a Israel y restablece el régimen general aplicable a estas exportaciones. La norma elimina restricciones específicas y establece el marco normativo vigente para esta actividad comercial.

La Superintendencia de Transporte expidió la Circular Externa número 20265330000164 el 7 de octubre de 2026, que modifica los plazos para el primer reporte anual de cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) y del Régimen de Medidas Simplificadas (RMS). Esta circular extiende el plazo para el primer reporte del año 2026 y deroga la ampliación previa establecida en agosto de 2026.

El Departamento Nacional de Planeación propone un proyecto de decreto que modificaría el Título 12 transitorio de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1821 de 2020, relativo al Sistema General de Regalías (SGR). Este proyecto busca establecer condiciones y procedimientos para que proyectos de inversión declarados de importancia estratégica puedan financiarse mediante operaciones de crédito público respaldadas con recursos de la Asignación para la Inversión Regional. Actualmente, la norma se encuentra en fase de consulta pública y aún no está en firme ni produce efectos legales.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) propone un proyecto de resolución para fijar la tarifa de la contribución especial correspondiente a la vigencia 2026. La propuesta establecería obligaciones para los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo sujetos a regulación. El proyecto se encuentra en etapa de consulta pública para recibir observaciones de la ciudadanía. Se trata de un proyecto sin efectos jurídicos vigentes.

La Comisión de la Comunidad Andina ha aprobado el Programa Estadístico Comunitario para el periodo 2026-2030, que busca consolidar el Sistema Estadístico Comunitario y fortalecer la producción de estadísticas armonizadas y comparables entre los países miembros. El programa establece una planificación quinquenal para facilitar la toma de decisiones basada en evidencia en el proceso de integración regional.

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó el Reglamento Interno del Comité Operativo del Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. Este comité permanente coordinará esfuerzos regionales para enfrentar esta amenaza a la seguridad y estabilidad de los países miembros. La decisión entró en vigor desde su publicación en octubre de 2026.

La Gaceta del Congreso número 1448, publicada el 1° de octubre de 2026 por la Cámara de Representantes, contiene el Proyecto de Ley 340 de 2026. Este proyecto establece medidas de salud pública destinadas a proteger especialmente a la niñez y adolescencia, promoviendo una alimentación saludable, combatiendo la malnutrición y previniendo enfermedades no transmisibles.

La Gaceta del Congreso número 1475, publicada el 5 de octubre de 2026, corresponde a la sesión de Congreso Pleno dedicada a la elección de Magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030. Contiene registros de asistencia, votaciones sobre impedimentos, informes de acreditación y la elección formal de los Magistrados.

La Comisión de la Comunidad Andina ha aprobado la Decisión N° 968 que sustituye la normativa anterior sobre el régimen aduanero para el ingreso, permanencia y salida temporal de vehículos de uso privado de turistas. Esta actualización busca facilitar el control aduanero y extender el beneficio a vehículos remolcados, promoviendo el turismo en la subregión andina.

La Gaceta número 1464, publicada el 2 de octubre de 2026 por la Cámara de Representantes, contiene tres proyectos de ley. Destaca el Proyecto de Ley Estatutaria número 385 de 2026, que desarrolla el artículo 64 de la Constitución Política y reconoce derechos inherentes al campesinado. También incluye iniciativas sobre control humano en decisiones administrativas con inteligencia artificial y sobre modificación del régimen de inversión de fondos de pensiones.

La Gaceta número 1461, publicada el 2 de octubre de 2026 por la Cámara de Representantes, contiene dos proyectos de ley: uno que establece el marco para la prueba y circulación segura de vehículos con sistemas de conducción automatizada basados en inteligencia artificial, y otro que establece los lineamientos para la educación sexual con enfoque biológico en el sistema educativo.

La Gaceta del Congreso número 1460, publicada el 2 de octubre de 2026 por la Cámara de Representantes, contiene dos proyectos de ley que regulan el uso de inteligencia artificial en sectores estratégicos. El primero establece un marco jurídico para el uso de inteligencia artificial en defensa y seguridad, mientras que el segundo prevé objetivos y criterios para prevenir riesgos sistémicos por dependencias críticas de inteligencia artificial en la actividad financiera, bursátil y aseguradora.

La Gaceta número 1451 del Congreso de la República, publicada el 1° de octubre de 2026, contiene dos proyectos de ley: uno estatutario que desarrolla el derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica, y otro que crea el Fondo de Estabilización de los Precios del Arroz en Colombia (Fepac). Ambos proyectos incluyen sus respectivas exposiciones de motivos, articulado y aspectos normativos.

La Gaceta número 1450, publicada el 1° de octubre de 2026, corresponde a la Cámara de Representantes. Contiene dos proyectos de ley, uno sobre la reglamentación de los reinados de belleza y eventos culturales, y otro que establece lineamientos para la seguridad hídrica y el riego en el desarrollo agropecuario y rural.

La Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución 37 de 2026, mediante la cual se delega la participación del Procurador General de la Nación, en calidad de presidente del Consejo Superior Universitario Provisional de la Universidad Especial del Ministerio Público (UEMP), en el Viceprocurador General de la Nación para una sesión específica. Esta medida regula la representación institucional en la sesión ordinaria del Consejo.

La Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución 245 de 2026, mediante la cual se crean y organizan grupos internos de trabajo en la Oficina Jurídica. La norma asigna funciones específicas a cada grupo y establece mecanismos de coordinación para optimizar la gestión jurídica institucional.

El Consejo de Estado, Sala 20 Especial de Decisión, profirió auto que declara fundado el impedimento manifestado por uno de sus magistrados para conocer un proceso disciplinario contra servidores públicos. La decisión se basa en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por vínculo familiar con funcionario vinculado a la parte demandada. El auto ordena la reasignación del conocimiento del asunto a otra magistrada y la continuación del trámite procesal.

Auto proferido por la Sala Especial de Decisión No. 5 del Consejo de Estado en segunda instancia confirmó el rechazo del recurso extraordinario de revisión por no haberse subsanado la inadmisión inicial. La decisión se fundamenta en que la notificación del auto inadmisorio se realizó conforme a la ley y que la parte recurrente no cumplió con el deber de revisar el estado electrónico para conocer el contenido de la providencia.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y Sala Especial de Decisión, profirió un auto interlocutorio mediante el cual admitió un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia de única instancia. La admisión se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos de competencia, oportunidad, legitimación y forma establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio en primera instancia mediante el cual admitió la demanda presentada contra la Circular 003 de 2026 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. El tribunal ordenó la notificación de la demanda y concedió traslado a la entidad demandada y demás intervinientes, fundamentando la admisión en el cumplimiento de las formalidades procesales establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Consejo de Estado, en segunda instancia, profirió un auto que negó el recurso de reposición contra la fijación del litigio en un proceso de nulidad relacionado con los decretos que establecen el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026. La decisión se fundamenta en que los cargos presentados en la demanda están comprendidos en los problemas jurídicos ya definidos para resolver la controversia.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, profirió un auto que niega el trámite de urgencia solicitado para una medida cautelar relacionada con un concurso abierto de méritos. El tribunal ordenó correr traslado a la entidad demandada para que se pronuncie sobre la solicitud, debido a que no se acreditó la existencia de una circunstancia de inminencia que justifique la adopción de la medida sin el trámite ordinario.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en auto interlocutorio de primera instancia, admitió la demanda presentada contra varias resoluciones expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La decisión ordena la notificación a las partes involucradas y dispone el traslado para la contestación de la demanda. La admisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en auto de aclaración y adición proferido en segunda instancia, negó las solicitudes de aclaración y adición, así como el recurso de reposición, respecto al auto que corrió traslado de la medida cautelar de suspensión provisional en un proceso de nulidad electoral. La decisión se fundamenta en la ausencia de puntos oscuros en el auto y en la improcedencia de recursos contra providencias que corren traslado de medidas cautelares.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, proferió un auto en el trámite de reparación directa que declaró saneada una nulidad procesal relacionada con la notificación de una sentencia. La decisión se basa en la aceptación expresa del curador ad litem de los demandados, que convalidó el vicio procesal y permitió la continuación del proceso.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio en revisión de un recurso de apelación contra una sentencia que negó la pérdida de investidura de una concejal. El tribunal determinó que el recurso estaba dirigido a un expediente distinto y ordenó devolver el proceso al tribunal de origen para que se subsane la situación.

El auto proferido por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en primera instancia, decidió acumular dos expedientes relacionados con condenas por secuestro extorsivo agravado, recalificar dicha conducta como toma de rehenes, declarar la no amnistiabilidad del delito, remitir el caso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) y conceder el beneficio de libertad condicionada a dos de los procesados. La decisión se fundamenta en la calificación jurídica propia de la JEP y en la constatación de la relación del delito con el conflicto armado.

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en única instancia, resolvió un recurso de reposición y concedió la súplica interpuesta contra el auto que rechazó una demanda de nulidad electoral por no haberse presentado la subsanación en el término legal. La decisión se fundamentó en la improcedencia del recurso de apelación y en la falta de acreditación oportuna de la supuesta fuerza mayor alegada para justificar la extemporaneidad.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, profirió un auto de admisión de demanda de nulidad electoral contra la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca para el periodo 2026-2030. La decisión admite la demanda presentada por un partido político, ordena las notificaciones correspondientes y dispone las medidas procesales iniciales conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El auto fue proferido por la Subsala Segunda Especial de Conocimiento y Decisión de la Ruta No Sancionatoria para Comparecientes de la Fuerza Pública, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en primera instancia. La decisión confirma el cierre del incidente de verificación del régimen de condicionalidad respecto a un compareciente de la Fuerza Pública, rechazando el recurso de reposición interpuesto por los representantes de víctimas y concediendo en subsidio el recurso de apelación para que sea resuelto por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. La resolución se fundamenta en la subsanación por parte del compareciente de la demora inicial y en la valoración integral de su conducta procesal.

Auto proferido por la Subsala Segunda Especial de Conocimiento y Decisión de la Ruta No Sancionatoria para Comparecientes de la Fuerza Pública, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que se ordena la realización de jornadas de actividades de conocimiento, reflexión y memoria en el Museo Casa de la Memoria de Medellín para un grupo de comparecientes. La decisión se fundamenta en la importancia del derecho a la memoria como componente de la reparación integral y en la contribución que estas actividades ofrecen al proceso transicional restaurativo.

El Auto SRT-SB-AMG-718, proferido por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz en segunda instancia, resuelve requerir información sobre el estado de la comparecencia de la beneficiaria de libertades provisionales y ordena remitir solicitud de entrevista a la Sala de Amnistía o Indulto. La decisión se basa en el principio de continua adaptación de la comparecencia para asegurar el cumplimiento del régimen de condicionalidad y la efectiva contribución a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

La Subsección Tercera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz profirió una sentencia en segunda instancia que declara la carencia actual de objeto de una acción de tutela presentada contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La decisión se fundamenta en que la SDSJ respondió integralmente las solicitudes de la persona reconocida como víctima, atendiendo así las peticiones que motivaron el amparo.

La Subsección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz profirió un auto en segunda instancia sobre una acción de tutela. Se declaró improcedente la tutela contra varias providencias emitidas por la Sección de Primera Instancia y la Sección de Apelación, así como contra la determinación de la condición de máximo responsable en un escrito de acusación. La decisión se fundamenta en la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, profirió un auto que declara saneado el proceso, fija el litigio, niega excepciones en esta etapa procesal y ordena la emisión de sentencia anticipada. La decisión se fundamenta en la ausencia de pruebas pendientes por practicar y en el control de legalidad del acto administrativo demandado.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, profirió un auto en el que inadmite una demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Movilidad de un municipio. La decisión se fundamenta en la ausencia de requisitos formales indispensables para la admisión del proceso, tales como la acreditación del derecho de postulación, la estimación razonada de la cuantía, la individualización precisa de los actos demandados, y la presentación de documentos esenciales para verificar la procedencia y oportunidad de la acción.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en Sala Unitaria de Decisión, profirió un auto el 14 de septiembre de 2026 que modificó la liquidación presentada por la UGPP en un proceso ejecutivo. En la providencia más reciente, el tribunal negó el recurso de reposición interpuesto por la entidad y concedió en subsidio el recurso de apelación en efecto diferido para que sea resuelto por el Consejo de Estado, fundamentando su decisión en el análisis de los parámetros legales aplicables a la liquidación y la ejecución.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual concedió el recurso de apelación interpuesto contra una medida cautelar de suspensión provisional relacionada con una resolución administrativa de una universidad pública. La decisión se fundamenta en la procedencia del recurso de apelación con efecto devolutivo, ordenando remitir el expediente para la continuación del trámite correspondiente.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto proferido en segunda instancia, declaró saneado el proceso, fijó el litigio y ordenó el traslado para que las partes presenten alegatos de conclusión en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria. La decisión se fundamenta en la ausencia de excepciones previas y en la concurrencia de los presupuestos legales para dictar sentencia anticipada, conforme a lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto interlocutorio proferido en primera instancia, rechazó de plano una acción de cumplimiento contra la Fiscalía General de la Nación. La decisión se fundamenta en la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la configuración de la renuencia previa al ejercicio de la acción judicial.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral, en auto proferido en segunda instancia, negó el trámite a un recurso de apelación presentado contra una sentencia sobre una acción de tutela. La decisión se fundamenta en la improcedencia del recurso, dado que la vía de impugnación ya se encontraba agotada, y aclara que la remisión del expediente a la Corte Constitucional para revisión eventual no constituye una nueva oportunidad de impugnar la sentencia.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en auto interlocutorio proferido en primera instancia, ordenó requerir a la Fiscalía 40 Seccional de Cartagena la entrega íntegra y legible de una orden de archivo para resolver un recurso de insistencia relacionado con acceso a información reservada. La decisión se fundamenta en la necesidad de examinar el contenido completo del documento para verificar la procedencia de la reserva invocada.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en decisión de segunda instancia, admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama en un proceso ejecutivo. La providencia ordena la sustentación del recurso, condicionada a los puntos de inconformidad expresados inicialmente, y establece el procedimiento para continuar con la ejecución.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, negó la solicitud de adición y aclaración de un auto proferido el 26 de agosto de 2026, que resolvió recurso de apelación contra el rechazo de una demanda en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en que el auto impugnado no omitió pronunciamiento sobre puntos que debían ser objeto de análisis, siendo la ausencia de identificación del acto administrativo el fundamento principal del rechazo.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en primera instancia, profirió un auto en el que declara impedimento para conocer un recurso de apelación interpuesto en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en la existencia de un interés directo en el proceso relacionado con la vinculación de un familiar del magistrado con la entidad demandada.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en auto proferido en segunda instancia, rechazó la solicitud de nulidad y medidas de saneamiento presentadas por la parte ejecutante en un proceso ejecutivo contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. La decisión se fundamenta en la constatación de la competencia funcional de la Sala de Decisión y en la improcedencia de integrar materialmente el contradictorio con la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.

Auto interlocutorio proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en segunda instancia, confirma el rechazo de una demanda presentada mediante medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en la ausencia de individualización y aporte del acto administrativo cuya nulidad se pretende controvertir.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", profirió un auto negando la solicitud de adición y complementación de sentencia presentada por la parte actora. La decisión se fundamenta en que la prima de servicios solicitada no es una prestación social sino un factor salarial exclusivo de empleados públicos, categoría que no corresponde a la demandante pese a la declaratoria de existencia de relación laboral.

La Sección Segunda, Subsección “D” del Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó el auto que improbó un acuerdo conciliatorio celebrado ante la Procuraduría Judicial Administrativo en un proceso contra la Superintendencia de Sociedades. La Sala determinó que la inclusión de la reserva especial del ahorro como factor para reliquidar la prima de actividad y otras prestaciones no cuenta con habilitación normativa expresa, lo que vulnera el principio de legalidad y afecta la protección del patrimonio público.

Auto proferido por la Sección Tercera, Subsección "A" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, fija el litigio, decreta pruebas documentales y ordena traslado para alegar de conclusión en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la adjudicación de un concurso de méritos y contrato de interventoría. La decisión se fundamenta en la aplicación del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, al determinar que el asunto es de puro derecho y que las pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y útiles para resolver la controversia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de trámite proferido en segunda instancia, confirmó la denegación de pruebas solicitadas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión ordena continuar con el trámite procesal, respetando lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto interlocutorio proferido en primera instancia, declaró no probada la excepción de pleito pendiente propuesta por la entidad reguladora y anunció sentencia anticipada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en que no existe identidad entre los procesos analizados y que el objeto del presente proceso es determinar si la solicitud de revisión tarifaria fue presentada fuera de término conforme al artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, profirió un auto en el marco de un proceso de reparación directa. La providencia ordena dar traslado a la parte demandada sobre la solicitud de medida cautelar, para que ésta se pronuncie en un término de cinco días, con el fin de proteger provisionalmente el objeto del proceso.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia y mediante auto, resolvió suspender por treinta días el proceso de controversia contractual entre una sociedad minera y la Agencia Nacional de Minería, tras la solicitud de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). La suspensión se fundamenta en el artículo 611 del Código General del Proceso. Además, se reprogramó la audiencia inicial y se reconoció la personería para actuar en el proceso al apoderado de la ANDJE.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual inadmitió una demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la negativa de registro de una marca. La decisión se fundó en la falta de cumplimiento de requisitos formales esenciales para la procedencia de la demanda, concediendo un término para su subsanación.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, profirió un auto interlocutorio en el proceso de nulidad electoral que admite la demanda contra el nombramiento del representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de cinco universidades, pero niega la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional. La decisión se fundamenta en la falta de pruebas suficientes para acreditar la vulneración de normas constitucionales y legales invocadas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto interlocutorio de primera instancia, resolvió aceptar el llamamiento en garantía formulado por la entidad vinculada Unión Temporal FOSYGA 2014 en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión se sustenta en la existencia de un derecho legal contractual que obliga al llamado en garantía a responder por eventuales perjuicios derivados del contrato suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia y mediante auto, aplazó la audiencia de pacto de cumplimiento inicialmente programada para el 21 de agosto de 2026, fijando nueva fecha para el 24 de agosto de 2026. La decisión se sustentó en la imposibilidad de la magistrada sustanciadora para atender la diligencia por motivos de salud.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto proferido en segunda instancia, resolvió sobre la solicitud y decretación de pruebas en un proceso de protección de derechos e intereses colectivos. El tribunal negó la práctica de ciertos testimonios por falta de cumplimiento de requisitos legales y admitió documentos allegados por las partes, fundamentando su decisión en la observancia de los principios de conducencia, pertinencia y utilidad probatoria.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual admitió la demanda presentada contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) relacionada con el registro de una marca. El tribunal vinculó a un tercero con interés en el proceso y estableció las obligaciones procedimentales para las partes. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos de competencia, procedibilidad, legitimación y aptitud formal de la demanda.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto interlocutorio proferido en primera instancia, inadmitió la demanda presentada mediante el medio de control de nulidad electoral contra el nombramiento del Ministro de Relaciones Exteriores. La decisión se fundamenta en la falta de claridad y precisión en la demanda, que impide establecer con certeza el objeto del litigio y los cargos de nulidad formulados.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto proferido en segunda instancia, ordenó acatar la providencia del Honorable Consejo de Estado que revocó su sentencia anterior. La decisión dispone continuar con el trámite procesal conforme a lo resuelto por la máxima autoridad judicial en materia administrativa.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, profirió un auto que ordena la liquidación de costas procesales en un proceso sobre reconocimiento pensional y doble erogación del Estado. La decisión confirma la condena en costas impuesta a la entidad demandante y establece la tarifa de agencias en derecho conforme a la regulación vigente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de segunda instancia, fijó las agencias en derecho derivadas de la condena en costas impuesta por el Consejo de Estado en sentencia de mayo de 2026. La decisión se sustenta en la revocatoria de la sentencia de primera instancia y en la aplicación de las normas procesales relativas a la condena en costas y liquidación de agencias en derecho.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, profirió un auto en el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho. En este decidió declarar no probada la excepción de ineptitud parcial de la demanda formulada por la entidad demandada, respecto de un acto administrativo de ejecución, al considerar que la demanda está debidamente integrada y es susceptible de pronunciamiento de fondo. La decisión se fundamenta en la distinción entre actos administrativos definitivos y de ejecución y en la naturaleza de las pretensiones presentadas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto proferido en segunda instancia, declaró su falta de competencia para conocer en primera instancia una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionada con actos administrativos sobre reconocimiento pensional y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá. La decisión se fundamenta en la naturaleza laboral del asunto y la competencia funcional establecida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto proferido por la Subsección “D” de la Sección Segunda, ordena a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Facatativá remitir copias de fallos de primera y segunda instancia relacionados con un proceso en curso. La providencia establece un término para la entrega de dichos documentos y advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de primera instancia, fijó las agencias en derecho tras la condena en costas ordenada por el Consejo de Estado en segunda instancia. La decisión se fundamenta en la aplicación de las normas del Código General del Proceso y el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura para la liquidación de costas procesales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, profirió auto mediante el cual admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos relacionados con sanciones disciplinarias impuestas por la Policía Nacional. La decisión se fundamenta en el reconocimiento de competencia y el cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de la demanda.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, en segunda instancia, profirió un auto mediante el cual repuso y concedió un recurso de apelación interpuesto en un proceso de nulidad electoral. La decisión se fundamenta en la acreditación de que el recurso fue presentado y sustentado oportunamente, contrariando lo considerado en providencia anterior.

El Tribunal Administrativo de Nariño, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual admitió la demanda de reconvención presentada en un proceso de controversias contractuales. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley 1437 de 2011.

El Tribunal Administrativo de Nariño, en primera instancia, profirió un auto mediante el cual decretó la suspensión provisional de los efectos de una resolución que ordenaba continuar con un procedimiento administrativo de cobro coactivo. La decisión se fundamenta en la existencia de serias dudas sobre la debida notificación del acto administrativo que sirve como título ejecutivo, lo que podría afectar el derecho de defensa y la ejecutoria del acto.

El Tribunal Administrativo de Nariño, en Sala Primera de Decisión, profirió un auto que acepta el impedimento formulado por uno de sus magistrados en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra una universidad pública. La decisión se fundamenta en la existencia de una causal de impedimento por parentesco con un servidor público directivo de la entidad demandada.

El Tribunal Administrativo de Nariño, en auto proferido en primera instancia, declaró fundado el impedimento formulado por un magistrado para intervenir en un proceso contractual contra una universidad pública. La decisión se basó en la causal de impedimento prevista en la ley, debido a la existencia de un vínculo familiar cercano con una servidora pública de nivel directivo en la entidad demandada.

El Tribunal Administrativo de Nariño, en auto proferido en primera instancia, declaró fundado el impedimento formulado por un magistrado debido a la existencia de una relación familiar directa con una servidora pública de nivel directivo vinculada a la entidad demandada. Esta decisión ordena la reasignación del expediente a otro magistrado para continuar con el trámite del recurso.

El Tribunal Administrativo de Santander, en auto proferido en primera instancia, fijó las agencias en derecho correspondientes en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en la aplicación del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura sobre tarifas para agencias en derecho, considerando la cuantía del proceso, la naturaleza y duración de la gestión. Se ordena la liquidación de costas conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CGP).

El Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, profirió auto que confirma la negativa del juzgado de origen a decretar el interrogatorio de parte y el testimonio técnico solicitados por la entidad demandada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en que las pruebas pedidas no aportan hechos necesarios para resolver el litigio, que versa sobre la legalidad de los decretos salariales y se resuelve con prueba documental.

El Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra un auto que negó pruebas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con diferencias salariales de docentes en 2008 y 2009. Confirmó la negativa del interrogatorio de parte y del testimonio técnico solicitados por la entidad demandada, fundamentando la decisión en la naturaleza jurídica del litigio y la oportunidad procesal para aportar pruebas.

El Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, profirió un auto que admite el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un juzgado administrativo transitorio. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos legales previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y la Ley 2080 de 2021, que regulan la procedencia y trámite de la apelación.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en primera instancia, profirió un auto en el trámite de un proceso de reparación directa bajo la Ley 2080 de 2021. El tribunal declaró <b>no probada</b> la excepción de indebida escogencia de la acción e ineptitud de la demanda formulada por la parte demandada, fundamentando su decisión en la adecuada elección del medio de control conforme a la naturaleza de los hechos y la inexistencia de un contrato estatal vigente para el período reclamado.

El Tribunal Administrativo de Santander, en providencia de auto, decidió prescindir de la continuación de la audiencia inicial en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El tribunal fijó el litigio y decretó la práctica de pruebas de oficio, fundamentando su decisión en la necesidad de garantizar la economía procesal y el acceso efectivo a la administración de justicia.

El Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, profirió auto que confirma la negativa del Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga a practicar pruebas solicitadas por la parte demandada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por diferencias salariales. La decisión se fundamenta en que las pruebas pedidas no aportan hechos necesarios para resolver el litigio y que su práctica sería superflua o extemporánea.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto proferido en segunda instancia, negó las solicitudes de reiteración de órdenes relacionadas con medidas cautelares dentro de un proceso de ejecución de sentencia contra un municipio. La decisión se fundamenta en que las autoridades requeridas dieron respuesta suficiente y en tiempo, explicando las razones de la imposibilidad material para concretar las medidas cautelares decretadas.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto proferido en segunda instancia dentro de un proceso ejecutivo de cumplimiento de sentencia, negó la solicitud de embargo sobre depósitos judiciales supuestamente a favor del municipio demandado, reiteró la orden de embargo sobre la cuenta maestra del municipio en el Banco de Bogotá y requirió nuevamente al municipio para que certifique la naturaleza jurídica y presupuestal de determinados recursos. La decisión se fundamenta en la inexistencia de remanentes embargables en el proceso judicial adjunto y en la necesidad de precisar la cuenta bancaria correcta para efectos de la medida cautelar.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto proferido en segunda instancia, dejó sin efectos una providencia previa y ordenó emitir una nueva decisión que resuelva integralmente todas las excepciones y solicitudes pendientes en el proceso. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes.

El Tribunal Administrativo del Caquetá, en auto de segunda instancia, confirmó la inadmisión de una demanda interpuesta contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por no acreditar el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. La decisión se fundamenta en la aplicación del régimen legal vigente que exige conciliación previa cuando ambas partes son entidades públicas y la pretensión incluye restablecimiento de derechos con contenido patrimonial.

El Tribunal Administrativo del Caquetá, en auto proferido en segunda instancia, declaró infundado el impedimento manifestado por una magistrada para intervenir en la corrección de una sentencia. La decisión se fundamenta en que la actuación pendiente se limita a la corrección de un error material y no afecta la imparcialidad ni el interés directo en el proceso.

El Tribunal Administrativo de Casanare, en auto proferido en instancia de verificación de cumplimiento, requirió al presidente del Consejo Nacional Electoral acreditar que se informó al accionante el plazo razonable para la decisión de fondo respecto a una solicitud de revocatoria de inscripción. La decisión se fundamenta en la constatación de que no se ha dado cumplimiento cabal a la sentencia previa en ese aspecto.

El Tribunal Administrativo del Cauca, en auto proferido en instancia de ejecución, ordenó requerir a entidades públicas información de contacto del demandado para notificar el mandamiento de pago librado en su contra. Asimismo, negó una solicitud de reconocimiento de personería adjetiva presentada por la apoderada del demandante. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el debido proceso mediante una notificación efectiva.

El Tribunal Administrativo de Casanare, en segunda instancia, confirmó el auto que amparó los derechos fundamentales a la salud, vida, integridad personal y seguridad social de un menor con diagnóstico de autismo, ordenando a la EPS demandada garantizar atención neurológica pediátrica prioritaria y un tratamiento integral. La decisión se fundamenta en la vulneración de estos derechos por la demora en la prestación del servicio especializado y la necesidad de atención continua conforme a las prescripciones médicas.

El Tribunal Administrativo del Cauca, en auto de admisión, inadmitió una demanda presentada mediante medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos. La decisión se fundamenta en la falta de cumplimiento de requisitos procesales previos, específicamente en la no acreditación del envío electrónico de la demanda a los demandados y en la ausencia de constitución de renuencia frente a todas las entidades involucradas. Se concedió un término para subsanar las deficiencias detectadas.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en segunda instancia, profirió un auto mediante el cual inadmitió una demanda presentada contra dos artículos de un decreto municipal que reglamenta el impuesto de alumbrado público. La inadmisión se fundamenta en la falta de cumplimiento de requisitos procesales esenciales, principalmente la ausencia de constancia de publicación del acto administrativo y la imprecisión en la delimitación de los apartes normativos demandados. Se concedió un plazo para subsanar estas deficiencias.

El Tribunal Administrativo del Meta, en auto interlocutorio de primera instancia, asumió conocimiento de una acción popular contra el municipio local y una Corporación Autónoma Regional, e inadmitió la demanda por no acreditar la representación legal de la entidad demandante y no demostrar el agotamiento de la reclamación previa. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de requisitos legales para la admisión de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Meta, en segunda instancia, confirmó el auto del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Villavicencio que negó librar mandamiento de pago solicitado en proceso ejecutivo. La decisión se fundamenta en la ausencia de conformación completa del título ejecutivo complejo, lo que impide establecer una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad demandada.

El Tribunal Administrativo del Meta, en segunda instancia, profirió un auto interlocutorio que rechaza por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda presentada en una acción popular. La razón principal es que, conforme a la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia vigente, el recurso de apelación solo procede contra autos que decretan medidas cautelares y sentencias de primera instancia, no contra autos que rechazan demandas.

El Tribunal Administrativo del Meta, en auto proferido en segunda instancia, ordenó a la parte demandante allegar documentación en medio físico o magnético y reconoció personería a un apoderado judicial. La decisión se fundamenta en la necesidad de corregir deficiencias en la presentación de pruebas para continuar con el trámite procesal.

El Tribunal Administrativo del Quindío, en auto proferido en segunda instancia, requirió al ejecutante la presentación de la liquidación de los valores por los cuales se pretende librar el mandamiento de pago en un proceso ejecutivo. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos formales mínimos exigidos en la demanda ejecutiva para la procedencia del mandamiento.

El Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia, profirió un auto que niega la solicitud de levantamiento de embargo decretado sobre recursos del Presupuesto General de la Nación. La decisión se fundamenta en las excepciones al principio de inembargabilidad previstas en la jurisprudencia constitucional y administrativa, aplicables en casos de ejecución de sentencias judiciales que reconocen obligaciones laborales.

El Tribunal Administrativo del Quindío profirió un auto en primera instancia que niega su competencia para conocer una demanda de reparación directa por no superar la cuantía establecida para su competencia. Ordenó remitir el proceso al juzgado administrativo correspondiente. La decisión se fundamenta en la correcta aplicación de las normas que regulan la competencia por razón de la cuantía según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Tribunal Administrativo del Quindío, en auto proferido en segunda instancia, negó la incorporación como prueba documental de un oficio solicitado por la parte demandante. La decisión se fundamenta en que la prueba no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser admitida en esta etapa procesal.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en segunda instancia, profirió un auto mediante el cual declaró fundado el impedimento manifestado por uno de sus magistrados para conocer una acción contractual. La decisión se fundamenta en la participación previa del magistrado en calidad de agente del Ministerio Público en la misma causa, lo que compromete su imparcialidad para resolver el asunto.

Este auto fue proferido por el Consejo de Estado en primera instancia ejecutiva. Se ordena librar mandamiento de pago contra la Fiscalía General de la Nación por la suma reconocida en sentencia de segunda instancia, con liquidación de intereses moratorios. La decisión se fundamenta en la existencia de título ejecutivo válido y la competencia del tribunal para conocer la ejecución.

El Tribunal Administrativo, en segunda instancia, confirmó el auto del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué que negó la solicitud de una nueva valoración médico-laboral ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima. La decisión se fundamentó en la preclusión de la etapa probatoria por falta de apelación o recurso oportuno y en el respeto al principio de preclusión procesal.

El Tribunal Administrativo del Quindío, en segunda instancia, profirió un auto mediante el cual negó la incorporación de una prueba documental solicitada por la parte demandante dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación. La decisión se fundamenta en que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para la práctica de pruebas en segunda instancia.

El Tribunal Administrativo de segunda instancia admitió el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia relacionada con la bonificación judicial regulada en el Decreto 383 de 2013. La decisión se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos legales para la admisión del recurso, sin que se ordenara la práctica de nuevas pruebas en esta etapa.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, profirió un auto interlocutorio que revoca parcialmente una decisión previa sobre la fijación del litigio en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala Tercera amplió los puntos de debate jurídico para incluir asuntos relevantes omitidos inicialmente, con base en el análisis del marco procesal y las pretensiones presentadas por la parte demandante.

El Tribunal de Primera Instancia profirió un auto interlocutorio que admite el llamamiento en garantía formulado por una Entidad Promotora de Salud (EPS) contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos legales para el llamamiento y en la existencia de un vínculo jurídico relacionado con la administración y devolución de aportes al sistema de salud.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, profirió un auto interlocutorio referente a una medida cautelar en un proceso ejecutivo. La decisión decreta el embargo y retención de dineros en cuentas bancarias de la parte ejecutada para garantizar el pago de costas procesales liquidadas y aprobadas, y niega el embargo sobre un inmueble por falta de documentación.

El auto de primera instancia del Juez de Control de Garantías en Santiago de Cali resolvió no reponer la decisión que negó la medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo que negó anuencia para teletrabajo. Sin embargo, concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión. La principal razón para negar la reposición fue la insuficiencia de elementos de juicio para justificar la suspensión en esta etapa del proceso.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, profirió un auto que anuncia sentencia anticipada en un proceso ejecutivo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP). La decisión se fundamenta en la ausencia de pruebas adicionales por practicar y la posibilidad de resolver el litigio con base en las pruebas documentales existentes.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, profirió un auto interlocutorio en el cual decidió decretar la cesación de intereses moratorios en un proceso ejecutivo contra la Fiscalía General de la Nación. La decisión se fundamentó en la determinación de la fecha en que se perfeccionó la solicitud de pago que cumplía con los requisitos legales, estableciendo el periodo en que cesan los intereses.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió un auto interlocutorio en primera instancia en el cual declaró la falta de competencia funcional para conocer un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos sancionatorios expedidos por la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. El tribunal ordenó remitir el proceso a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali, por no alcanzar la cuantía mínima que le corresponde conocer.

El Tribunal Administrativo de Primera Instancia profirió un auto interlocutorio que no repone la aprobación de la liquidación de costas procesales y, de manera subsidiaria, concede el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. La decisión se basa en que la base utilizada para calcular las agencias en derecho corresponde al valor total de las pretensiones negadas en el proceso, incluyendo tanto perjuicios pecuniarios como extrapatrimoniales.

El Auto de interlocutorio No. 306, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo en segunda instancia, negó la adición de la sentencia previa y aclaró de oficio el alcance de su decisión sobre la bonificación judicial como factor salarial. La Sala precisó que la proyección futura de la incidencia salarial de la bonificación judicial comprende todas las prestaciones sociales condenadas y no únicamente las cesantías.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, confirmó el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali que negó el llamamiento en garantía formulado por una aseguradora frente a otras coaseguradoras en un proceso de reparación directa contra una entidad distrital. La decisión se fundamenta en la ausencia de una relación legal o contractual entre las coaseguradoras que habilite el llamamiento en garantía conforme al artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, confirmó un auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se sustentó en que la notificación por aviso del acto administrativo fue válida y surtió efectos legales, lo que inició el término para interponer la demanda que se presentó fuera de término.

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, confirmó el auto que negó la medida cautelar solicitada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos relacionados con un concurso para jueces. La decisión se fundamenta en la ausencia de acreditación suficiente de la apariencia de buen derecho, perjuicio irremediable y ponderación favorable de intereses para conceder la medida cautelar.

El Tribunal Administrativo de Cali, en segunda instancia, profirió un auto mediante el cual admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia en un proceso ejecutivo. La admisión se basó en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la procedencia del recurso y se concedió el efecto suspensivo.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, confirmó el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Quince Administrativo de Cali que negó la práctica de ciertas pruebas solicitadas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se sustentó en la inconducencia del interrogatorio de parte y la improcedencia o suficiencia de la prueba trasladada, considerando que el asunto es de pleno derecho y que ya se contaba con un informe técnico decretado de oficio.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, confirmó el auto proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito, que negó la responsabilidad civil de los demandados en un proceso de responsabilidad civil extracontractual derivado de un accidente de tránsito. La decisión se fundamentó en la determinación de la culpa exclusiva de la víctima como causa única del daño.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia, confirmó el auto interlocutorio que rechazó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por caducidad. La decisión se fundamenta en el vencimiento del término legal de cuatro meses para presentar la demanda, contado a partir de la notificación del acto administrativo impugnado.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, confirmó el auto proferido por el juzgado cuarto civil de circuito que declaró la responsabilidad civil médica por pérdida de oportunidad en un caso de atención médica deficiente que condujo al fallecimiento de un paciente. La decisión se fundamenta en la acreditación de falencias en la atención médica y organizacional que privaron al paciente de un diagnóstico y tratamiento oportunos.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, confirmó el auto dictado por el Juzgado Once Civil del Circuito que ordenó la restitución de un inmueble a los demandantes, negando la pretensión de pertenencia formulada en reconvención por los demandados. La decisión se fundamenta principalmente en la ausencia de prueba suficiente que demuestre la posesión autónoma y continua requerida para la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Tercera de Decisión Laboral, profirió varios autos interlocutorios el 28 de julio de 2026. En ellos, rechazó la solicitud de terminación de un proceso sobre traslado pensional, negó recursos extraordinarios de casación y reposición relacionados con liquidaciones de créditos laborales y controversias sobre afiliaciones al sistema pensional. La decisión se fundamenta en el mantenimiento de la vigencia de la Ley 100 de 1993, la inexistencia de carencia de objeto procesal y el cumplimiento de requisitos legales para la procedencia de recursos.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, confirmó el auto proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali que ordenó la restitución de un inmueble objeto de un contrato de leasing habitacional por incumplimiento contractual. La decisión se fundamentó principalmente en la validez de la notificación electrónica realizada y en la constatación del incumplimiento por parte de la demandada, quien no contestó oportunamente la demanda.

Auto proferido por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en segunda instancia confirma la sentencia de primera instancia que negó la responsabilidad civil de la empresa propietaria del bus articulado y de la aseguradora, declarando la culpa exclusiva del motociclista fallecido como causa del accidente. La decisión se fundamenta en la valoración probatoria que estableció que la víctima infringió las normas de tránsito al no respetar la señal de semáforo.

El Tribunal Superior de Cali, en segunda instancia, profirió una sentencia en un proceso ordinario laboral en apelación contra una decisión de primera instancia que negó la estabilidad laboral reforzada y la reliquidación de la indemnización. La Sala confirmó la negativa de estabilidad laboral reforzada por falta de prueba sobre afectación funcional y revocó parcialmente la sentencia para ordenar un reajuste en la indemnización por despido injusto.

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dictó un auto que confirma la negativa a admitir una prueba trasladada en un proceso ordinario laboral de primera instancia. La decisión se fundamenta en que la prueba pericial solicitada no correspondía a las condiciones específicas del demandante, por lo que carecía de pertinencia y utilidad para el caso.

Este auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil de Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia que negó la pertenencia de un inmueble mediante prescripción extraordinaria. La decisión se fundamenta en la insuficiencia probatoria para demostrar la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del predio por el término legal requerido.