El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio en el trámite de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En esta decisión, el tribunal dispuso prescindir de la audiencia inicial y de las audiencias de pruebas y alegaciones, aplicó la doctrina del acto aclarado para la interpretación prejudicial, y fijó el objeto del litigio, fundamentando su resolución en la ausencia de prueba por practicar y en la existencia de precedentes comunitarios sobre la materia.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en decisión interlocutoria, inadmitió un recurso extraordinario de revisión contra sentencia de la misma corporación debido a la falta de acreditación del envío electrónico del recurso y de su constancia de ejecutoria. La providencia ordena subsanar estas omisiones en un plazo de cinco días.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Subsección B, profirió un auto en segunda instancia que negó la solicitud de interrupción del proceso y rechazó el incidente de nulidad presentado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión se fundamenta en la inexistencia de actuación posterior a la sentencia susceptible de interrupción y en que los argumentos para la nulidad no corresponden a causales legales aplicables.

Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en segunda instancia. En la decisión se ordena el traslado de pruebas reservadas remitidas por la Corte Suprema de Justicia, con medidas que garantizan su reserva, para asegurar el derecho de defensa y contradicción de las partes. La decisión se fundamenta en la necesidad de preservar la confidencialidad de las pruebas recaudadas en instrucción penal.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en segunda instancia, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenaba el nombramiento en período de prueba de un fiscal delegado. La Sala declaró configurada la cosa juzgada respecto de la pretensión de cumplimiento del artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014, en relación con la lista de elegibles adoptada mediante la Resolución 0026 de 2026, con base en una sentencia previa sobre el mismo objeto y causa.

El Tribunal para la Paz, en su Sección de Revisión y en el marco del trámite de supervisión y revisión de beneficios provisionales, emitió un auto en segunda instancia que reitera requerimientos al apoderado del compareciente y ordena remitir la decisión al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para garantizar la representación judicial. La decisión se fundamenta en la necesidad de asegurar la continua adaptación de la comparecencia y la efectiva definición de la situación jurídica del beneficiario.

El auto fue proferido por la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Costa Caribe de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En él se decide asumir el conocimiento de oficio de tres agentes del Estado y se acepta el sometimiento por competencia prevalente de diez miembros retirados de la fuerza pública, todos involucrados en el homicidio ocurrido el 30 de julio de 2003 en una finca del corregimiento El Desastre en San Diego, Cesar. La decisión se fundamenta en la verificación de los factores de competencia temporal, personal y material de la JEP y en la necesidad de avanzar en el trámite transicional respectivo.

El Despacho de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Catatumbo, profirió un auto en el que acepta el sometimiento a la JEP de cuatro comparecientes vinculados a una investigación penal por homicidio en hechos ocurridos en 2007 en Norte de Santander. La providencia mantiene a los comparecientes en libertad bajo régimen de condicionalidad y ordena diversas medidas para avanzar en la identificación de víctimas y garantizar la participación de las víctimas en el proceso.

La Subsala C de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en auto proferido en segunda instancia, concedió el beneficio de amnistía a un exintegrante de las FARC-EP condenado por homicidio en persona protegida y homicidio agravado. La decisión se fundamenta en que las conductas imputadas están relacionadas directamente con el conflicto armado interno y cumplen los requisitos temporales, personales y materiales previstos en la ley para otorgar la amnistía.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, profirió un auto que rechaza de plano la solicitud de nulidad presentada por la curadora ad litem de la parte demandada en un proceso de repetición. La decisión se fundamenta en que la petición no se ajusta a las causales legales expresamente previstas para declarar nulidades procesales.

La Gaceta del Congreso número 1493, publicada el 7 de octubre de 2026, presenta el Proyecto de Ley número 378 de 2026 Cámara, que regula el ejercicio profesional del Trabajo Social en Colombia. Esta iniciativa incluye la expedición del Código Deontológico, la creación de un Consejo Nacional de Trabajo Social fortalecido y una Sala Disciplinaria para el control ético y disciplinario de la profesión.

La Gaceta número 1494, publicada el 7 de octubre de 2026, corresponde a la Cámara de Representantes y contiene tres proyectos de ley radicados para su trámite. Estos proyectos versan sobre la política pública de culturas campesinas, medidas para prevenir el uso fraudulento de líneas móviles (Ley Línea Segura) y la creación de clubes de observación de aves.

La Gaceta número 1492 del 7 de octubre de 2026, asociada a la Cámara de Representantes, contiene un Proyecto de Acto Legislativo para tecnificar y profesionalizar la función de los altos cargos del Estado colombiano, así como dos proyectos de ley relacionados con la modificación de la Ley 1475 de 2011 sobre doble militancia y el fomento de la educación campesina. El documento detalla el contenido, objetivos, justificaciones y estado procesal de cada iniciativa.

El Tribunal para la Paz, en segunda instancia y mediante auto, modificó el régimen de condicionalidad impuesto a un compareciente, ajustando la periodicidad de presentación de informes de trimestral a semestral. La decisión se basa en el cumplimiento favorable de las obligaciones impuestas y la ausencia de novedades relevantes en el proceso evolutivo del compareciente.

La Subsección Quinta de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz profirió un auto en el trámite de una acción de tutela contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), declarando la improcedencia de la acción por no superar el requisito de inmediatez. La decisión se sustenta en la ausencia de actuaciones recientes del accionante ante las autoridades vinculadas, luego de un lapso prolongado desde las últimas decisiones administrativas.

La Subsección Quinta de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz profirió un auto que declara improcedente una acción de tutela interpuesta contra providencias de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, y la Sección de Apelación. La decisión se fundamenta en la falta de acreditación del requisito de relevancia constitucional para la procedencia del amparo.

El Tribunal para la Paz, en su Sección de Revisión y Subsección Cuarta, profirió un auto sobre una acción de tutela en primera instancia presentada por una veeduría ciudadana contra órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El tribunal negó el amparo en el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pero concedió el amparo en el derecho fundamental de petición, ordenando a la Sala de Reconocimiento de la JEP responder la solicitud pendiente de información.

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en segunda instancia, confirmó la improcedencia de una acción de tutela presentada contra decisiones que rechazaron de plano una recusación por extemporánea. La decisión se fundamenta en la falta de acreditación de los requisitos de relevancia constitucional e identificación razonable de los hechos vulneradores.

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en segunda instancia, resolvió un recurso contra la negativa de inclusión excepcional en los listados de exintegrantes de las FARC-EP. El tribunal modificó la decisión inicial para declarar improcedente la solicitud, basándose en que el solicitante se desmovilizó individualmente y completó la ruta de reincorporación correspondiente, por lo que no cumple con los requisitos para la inclusión excepcional.

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó un auto de la Sala de Amnistía o Indulto que declaró la deserción armada manifiesta y la exclusión de una exintegrante del grupo armado FARC-EP. La decisión se basó en la insuficiencia de pruebas plenas e inequívocas para confirmar la pertenencia de la persona a un grupo armado residual, y ordenó iniciar un trámite de incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad para determinar si hubo vulneración de obligaciones.