La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aclara que la figura del anticipo y la contratación de pólizas en contratos de disposición final de residuos son válidas bajo la autonomía de las partes, pero no pueden ser incluidas como parte de la tarifa regulada. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha emitido un concepto jurídico en respuesta a una consulta sobre la legalidad de exigir la contratación de pólizas y el pago de anticipos del 50% en contratos de disposición final de residuos sólidos. Este concepto aborda importantes aspectos relacionados con la autonomía contractual, el régimen tarifario y las reglas específicas aplicables a la actividad de disposición final en el servicio público de aseo. Autonomía de las partes y límites tarifarios La CRA destaca que los contratos celebrados entre prestadores de servicios públicos y operadores de rellenos sanitarios se rigen principalmente por el derecho privado, salvo excepciones legales. Esto implica que las partes tienen libertad para negociar y pactar términos específicos, como la inclusión de garantías (pólizas) o anticipos, siempre y cuando se respeten los límites establecidos por el régimen tarifario vigente. En materia de anticipos, el concepto señala que esta figura, entendida como un adelanto del precio del contrato, es válida bajo la autonomía contractual. Sin embargo, en el caso específico de los contratos de disposición final de residuos, el pago de anticipos no puede ser cargado dentro de la tarifa regulada. Esto se debe a que las tarifas calculadas para esta actividad se basan en una metodología que considera costos operativos concretos, los cuales dependen de variables como el volumen promedio mensual de residuos sólidos recibidos. ¿Es legal exigir pólizas y anticipos? Respecto a la inclusión de pólizas, la CRA explica que estas pueden ser negociadas entre las partes como garantías para mitigar riesgos asociados al contrato. No obstante, su implementación debe estar contemplada dentro de los costos tarifarios permitidos. Por otro lado, el concepto aclara que el pago de anticipos en contratos de disposición final, cuando se busca incluirlo como parte de la tarifa regulada, es inviable. Esto se debe a que las tarifas en esta actividad están diseñadas para reflejar los costos reales de operación y no pueden incluir montos anticipados que no estén directamente vinculados al volumen de residuos procesados. Procedimiento ante prácticas indebidas En caso de que se detecten prácticas que vulneren el régimen tarifario, como el cobro indebido de anticipos o la exigencia de garantías no incluidas en los costos tarifarios, los interesados pueden presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes. La CRA tiene la facultad de intervenir cuando se presenten abusos de posición dominante, violaciones al principio de neutralidad o prácticas restrictivas de la competencia. Conclusión La CRA reconoce la autonomía de las partes para negociar contratos en el marco del servicio público de aseo. Sin embargo, advierte que el uso de figuras como anticipos y pólizas debe cumplir con las disposiciones legales y no puede afectar el régimen tarifario regulado. Esto garantiza que las tarifas cobradas reflejen los costos reales de la prestación del servicio y protejan los derechos de los usuarios finales. Este pronunciamiento busca aclarar las reglas aplicables y ofrecer una guía para evitar conflictos sobre la legalidad de ciertas cláusulas contractuales en el sector de disposición final de residuos sólidos.