En una sesión que reunió a miembros de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, funcionarios del Ministerio de Agricultura y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, se debatió el alcance e implementación del Decreto 1322 de 2024. Este decreto otorga a la ANT facultades adicionales para planificar y ejecutar proyectos productivos en tierras entregadas a campesinos. Sin embargo, la discusión reveló un choque de perspectivas sobre su impacto y viabilidad. ¿Qué establece el Decreto 1322 de 2024? El Decreto busca llenar un vacío jurídico y operativo existente entre la entrega provisional de tierras y su adjudicación final. La Agencia Nacional de Tierras ahora podrá estructurar y cofinanciar proyectos productivos en terrenos adjudicados como parte de la reforma agraria. Según Harman, esta medida responde a la necesidad de garantizar que las tierras entregadas sean productivas desde el principio, mientras se resuelven aspectos legales como la titulación definitiva. Avances destacados En su intervención, el director de la ANT resaltó varios logros en el marco de la reforma agraria: - Adquisición de tierras: En 2024, la Agencia adquirió más de 171,000 hectáreas, incluyendo tierras en Sucre y Córdoba, y avanzó en procesos de recuperación de bienes baldíos ocupados irregularmente. - Reglamentación de ecosistemas: Se priorizó la recuperación de ciénagas y playones en la región Caribe y las sabanas inundables en Casanare. - Proyectos productivos: La ANT anunció un esquema de cofinanciación, donde el 70% de los costos serán cubiertos por la Agencia y el 30% por los beneficiarios vía crédito, asegurado por el Fondo Agropecuario de Garantías. Críticas y preocupaciones A pesar de los avances mencionados, varios representantes manifestaron inquietudes: - Capacidad institucional: El representante Luis Ramiro Ricardo criticó la baja ejecución presupuestal de la ANT y cuestionó su capacidad para asumir nuevas responsabilidades. Según informes de la Contraloría, solo el 4.3% de los acuerdos con campesinos han sido cumplidos, lo que refleja una ejecución limitada. - Centralización de funciones: Algunos legisladores expresaron que el Decreto podría duplicar competencias de otras entidades como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), afectando la articulación del Sistema Nacional de Reforma Agraria. - Sostenibilidad de los proyectos: La exigencia de que los beneficiarios aporten el 30% del financiamiento vía crédito fue señalada como una posible barrera para campesinos en situación de vulnerabilidad. Debate jurídico La representante Julia Miranda planteó una crítica fundamental: el Decreto podría estar modificando competencias institucionales que, según la ley, solo pueden ser alteradas por el Congreso. Aunque el Ministerio de Agricultura argumentó que se basa en la Ley 160 de 1994 y el artículo 188 de la Constitución, Miranda sugirió que la vía legislativa sería más adecuada para garantizar la estabilidad jurídica del cambio. Conclusiones y próximos pasos El debate dejó abierta la posibilidad de un seguimiento legislativo y técnico. La Comisión Quinta anunció que se citará nuevamente a la Ministra de Agricultura para abordar las dudas pendientes. Además, se propuso realizar un nuevo debate en