El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha emitido un decreto que busca modernizar el sector solidario de ahorro y crédito en Colombia. Este decreto modifica el Decreto 1068 de 2015 y establece una serie de medidas para que las cooperativas de ahorro y crédito, así como las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, puedan ofrecer servicios transaccionales digitales. El objetivo principal es fomentar la inclusión financiera, especialmente en las regiones más apartadas del país. Principales cambios normativos El decreto introduce obligaciones específicas para las cooperativas, clasificadas en tres categorías: plena, intermedia y básica. Las cooperativas de categoría plena e intermedia deberán: - Prestar servicios transaccionales digitales, permitiendo a sus asociados enviar y recibir órdenes de pago y transferencias de fondos a través de canales no presenciales, como aplicaciones móviles e internet. - Implementar políticas de transformación digital, ajustadas a sus capacidades operativas y necesidades. Estas políticas deberán incluir objetivos claros, plazos de ejecución, responsables y herramientas de divulgación para mantener informados a los asociados. - Reportar información periódica sobre su actividad transaccional a la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES). Esto incluye datos sobre el número y monto de operaciones realizadas, los canales utilizados y la vinculación a sistemas de pago de bajo valor (SPBV). Por otro lado, las cooperativas de categoría básica podrán adoptar estas medidas de manera voluntaria y no estarán obligadas a cumplir con los requisitos mencionados. Implicaciones y plazos de implementación El decreto establece un régimen de transición gradual para facilitar la adopción de las medidas: - Las cooperativas de categoría plena e intermedia tendrán un plazo de 12 y 15 meses, respectivamente, para implementar servicios transaccionales digitales. - Para las políticas de transformación digital, los plazos serán de 6, 9 y 12 meses, dependiendo de la categoría. Estas disposiciones buscan garantizar una transición ordenada y equitativa considerando la diversidad de tamaño y capacidad operativa de las cooperativas en el país. Impacto en la inclusión financiera y modernización del sector Estas medidas son fundamentales para reducir la dependencia del efectivo en las zonas rurales, mejorar la eficiencia de los servicios financieros y fomentar la participación de las cooperativas en un ecosistema de pagos digitales. Además, la digitalización del sector solidario podría contribuir a combatir la pobreza, reducir la desigualdad y empoderar económicamente a los asociados de las cooperativas. Recomendaciones técnicas y supervisión La SES será responsable de garantizar que la implementación de estas medidas se realice en condiciones de seguridad, calidad, transparencia y eficiencia. Para ello, la SES actualizará su Circular Básica Jurídica y establecerá lineamientos específicos para los canales digitales. Conclusión Con este decreto, el Gobierno Nacional busca consolidar un sector solidario competitivo y alineado con las necesidades tecnológicas actuales. La digitalización de las cooperativas de ahorro y crédito no solo beneficiará a sus asociados, sino que también impulsará el desarrollo económico en las regiones más apartadas del país.