La plenaria de la Cámara de Representantes vivió un intenso debate sobre el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia. Los congresistas citantes cuestionaron la gestión actual de la entidad, señalando casos de corrupción, uso indebido de los vehículos oficiales y esquemas de protección selectivos que, según ellos, favorecen a ciertos grupos en detrimento de líderes sociales y políticos amenazados. Escándalos y denuncias Durante el debate, se mencionaron varios casos de uso irregular de vehículos de la UNP, incluyendo transporte de drogas, armas y personas con órdenes de captura. Además, se denunciaron prácticas de corrupción relacionadas con la manipulación de matrices de riesgo, alquiler de esquemas de protección y falsos blindajes en vehículos. El director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, reconoció estas irregularidades, pero subrayó que muchas de las denuncias corresponden a administraciones anteriores y destacó los esfuerzos actuales para combatir la corrupción. Rodríguez señaló que se han presentado más de 100 denuncias ante las autoridades competentes desde el inicio de su gestión, superando las denuncias acumuladas en los últimos diez años. También informó sobre esfuerzos para formalizar la contratación de escoltas y mejorar los sistemas de control interno. Críticas y propuestas de los citantes Los congresistas del Centro Democrático y otros partidos de oposición cuestionaron la respuesta del director de la UNP y del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos. Consideraron que las explicaciones se enfocaron demasiado en acusar a gobiernos anteriores, en lugar de ofrecer soluciones concretas. También criticaron la asignación de esquemas de protección a individuos vinculados a actividades ilícitas y la falta de garantías para líderes sociales y alcaldes en regiones afectadas por el conflicto armado. Uno de los puntos más polémicos fue la supuesta protección brindada a miembros de grupos armados ilegales bajo la figura de "gestores de paz". Los citantes exigieron claridad sobre las medidas adoptadas para evitar que estos casos se repitan y pidieron una revisión exhaustiva de los criterios de asignación de protección. Respuesta del Gobierno El ministro del Interior defendió las políticas actuales, señalando que el deterioro de la seguridad en los territorios se debe en gran parte a la falta de implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. Cristo instó al Congreso a trabajar en un acuerdo nacional para transformar los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), donde se concentra la mayoría de los crímenes contra líderes sociales y excombatientes. El director de la UNP también destacó avances en tecnología, como la implementación de la Línea Vida 103 para alertas de emergencia, y en la modernización de esquemas de protección, pero reconoció que los desafíos persisten. Conclusiones El debate concluyó sin una decisión formal debido a la falta de quórum decisorio para votar las propuestas. Sin embargo, quedó en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de protección y avanzar en la recuperación de la seguridad en los territorios más afectados por el conflicto armado. Aunque hubo avances en las denuncias y en la implementación de nuevas medidas, los citantes consideran insuficientes las respuestas del gobierno y demandan acciones más contundentes.