Antecedentes y objetivos del proyecto El proyecto de ley estatutaria 123 de 2024 tiene como propósito consolidar y modernizar las veedurías ciudadanas, promoviendo su capacidad de control social en la gestión pública. Esta iniciativa, que involucra diversas modificaciones a las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, surge en respuesta a las necesidades expresadas por las comunidades y organizaciones civiles para hacer más eficientes y accesibles estas herramientas de participación ciudadana. Aspectos clave del proyecto El texto aprobado incluye cambios significativos, entre ellos: 1. Registro y operatividad de las veedurías: Se establece el Registro Único Empresarial y Social (RUES) como plataforma electrónica para la inscripción, modificación, renovación y cancelación de las veedurías. Este sistema centralizado busca garantizar transparencia y actualización continua. 2. Capacitación y apoyo técnico: La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, con entidades como la Contraloría General, la Procuraduría y el SENA, deberá desarrollar programas de formación periódica, adaptados a las necesidades territoriales y diferenciales, para fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de los veedores. 3. Protección a veedores en riesgo: Se incorpora un plan de protección a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para aquellos veedores que enfrenten amenazas debido al ejercicio de sus funciones. 4. Financiación y estímulos: Se amplía el alcance del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia, permitiendo la financiación de actividades de las veedurías a través de recursos nacionales, cooperación internacional y organizaciones privadas, con estrictos controles de transparencia. 5. Incorporación de otros actores de control social: Reconociendo el papel de los periodistas como actores de control social, se les otorgan derechos similares a los de las veedurías, como términos más ágiles para la respuesta a solicitudes. Impacto esperado La implementación de estas medidas busca resolver problemas históricos como la falta de recursos, capacitación y protección para los veedores, promoviendo un control social más efectivo y participativo. Además, se espera que estas disposiciones fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los recursos públicos. Próximos pasos El proyecto de ley será sometido a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. De ser aprobado, deberá pasar al Senado para su revisión y continuar su trámite hacia la promulgación. Este avance representa una oportunidad para consolidar la participación ciudadana como un eje central en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.