El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió un nuevo decreto que modifica la Sección 7 del Capítulo 1 del Decreto 1077 de 2015, estableciendo condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda de interés social urbano y/o rural para hogares conformados por concejales y ediles de municipios definidos en la Ley 617 de 2000. Esta medida busca garantizar un acceso equitativo a la vivienda para estos servidores públicos, reconociendo su rol en el desarrollo local y su situación de vulnerabilidad socioeconómica. ¿Qué establece el nuevo decreto? El decreto define los requisitos y condiciones para que los hogares de concejales y ediles puedan postularse y beneficiarse de los subsidios de vivienda. Entre los aspectos más destacados se encuentran: - Beneficiarios: Hogares conformados por concejales o ediles acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil o autoridad competente. - Condiciones específicas: No ser propietarios de vivienda, cumplir con una clasificación SISBÉN IV entre A1 y D20, y no haber sido beneficiarios de subsidios de vivienda anteriores, salvo excepciones como pérdida de vivienda por conflicto armado o desastres naturales. - Montos del subsidio: - Hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para hogares clasificados entre A1 y C8 del SISBÉN IV. - Hasta 20 SMLMV para hogares clasificados entre C9 y D20. Modalidades y priorización Los subsidios podrán aplicarse a la adquisición de vivienda urbana o rural, y en casos de vivienda rural, se regirán por normas específicas del Decreto 1077 de 2015. Además, el decreto establece que el Ministerio de Vivienda definirá criterios de priorización en cada convocatoria y permitirá complementar el subsidio con otros programas del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Impacto y vigencia Con esta reglamentación, el Gobierno cumple con la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que solicitaba garantizar la implementación de condiciones especiales para concejales y ediles. El decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, modificando de manera directa las disposiciones previas relacionadas con estos subsidios. Este avance busca fortalecer el acceso a vivienda digna para los servidores públicos de municipios más vulnerables, alineándose con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y las políticas nacionales de desarrollo social.