Garantizando el derecho a la salud

El Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido una resolución que regula el registro de negaciones de servicios y tecnologías de salud en los regímenes contributivo y subsidiado. Esta medida responde a mandatos de la Corte Constitucional, particularmente a la orden decimonovena de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de seguimiento, que buscan garantizar el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud. La resolución entrará en vigencia el 1° de julio de 2025 y reemplazará la Resolución 3539 de 2019.

Fuentes de información y procedimiento

El registro de negaciones se basará en fuentes como Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRDS), tutelas y reportes de entidades territoriales y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). La Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de consolidar esta información, identificar negaciones sin justa causa y solicitar aclaraciones a las entidades implicadas. El procedimiento incluye la elaboración de informes técnicos que determinen si un servicio o tecnología fue negado sin justificación. En caso de confirmarse la negación, se ordenará el reintegro de los recursos financiados con cargo a la prima de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Criterios y excepciones

La resolución establece que solo se aceptarán como justa causa de negación eventos como la escasez de medicamentos certificada por el INVIMA, la negativa del paciente a recibir el tratamiento, exclusiones explícitas del Plan de Beneficios en Salud (PBS) o la falta de afiliación del usuario al momento de la solicitud.

Impacto en el sistema de salud

Además, se implementará un mecanismo de alertas tempranas para notificar a las autoridades competentes sobre casos de negaciones injustificadas, facilitando una intervención oportuna. La normativa también busca reducir barreras en la prestación de servicios y fomentar una atención de calidad.

Un cambio estructural

Con esta medida, el Ministerio de Salud busca fortalecer la supervisión y control del sistema de salud, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. A través de esta regulación, se espera garantizar que los usuarios accedan de manera oportuna y adecuada a los servicios y tecnologías de salud que necesitan, reafirmando el compromiso del Estado con la protección del derecho fundamental a la salud.