Inexequibilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad

En la Sentencia C-110/25, la Corte decidió mantenerse en lo resuelto previamente en la Sentencia C-161 de 2024, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, la cual había creado el Ministerio de Igualdad y Equidad. La decisión se basó en que la ley violó procedimientos legislativos esenciales, como el análisis del impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. La inexequibilidad fue diferida hasta el fin de la legislatura 2025-2026, momento en el que la norma perderá vigencia. Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar destacó en su aclaración de voto que los vicios encontrados eran insubsanables y consideró que los efectos de la decisión deberían haberse aplicado desde la sanción de la ley.

Protección a trabajadora con estabilidad laboral reforzada

En la Sentencia SU-111/25, la Corte declaró ineficaz un acuerdo de conciliación laboral en el que una trabajadora renunció a su empleo mientras estaba protegida por el fuero de salud. La Corte consideró que la conciliación violó derechos irrenunciables y ordenó su reintegro o, en caso de imposibilidad, el reconocimiento de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social. Además, la Corte solicitó al Ministerio del Trabajo implementar en un plazo de seis meses un sistema de monitoreo para garantizar la estabilidad laboral reforzada y prevenir barreras administrativas. Aunque la decisión fue aplaudida por su carácter garantista, algunos magistrados expresaron reservas sobre las implicaciones de extender la regla de estabilidad laboral reforzada a casos de terminación laboral por mutuo acuerdo.

Inhibición frente a demanda sobre elecciones públicas

En la Sentencia C-112/25, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma que regula la elección de servidores públicos por corporaciones públicas. La decisión se basó en la ineptitud de la demanda, que no cumplía con los requisitos de claridad y especificidad. El demandante cuestionaba la aplicación por analogía de la Ley 1904 de 2018 para elecciones públicas, pero no logró justificar su incompatibilidad con la autonomía territorial ni el principio de igualdad.

Impacto de las decisiones

Las sentencias emitidas reflejan el compromiso de la Corte Constitucional con la defensa de derechos fundamentales y la correcta aplicación de la ley. La reiteración de la inexequibilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad subraya la importancia de los procedimientos legislativos; la protección a trabajadoras con estabilidad laboral reforzada establece un precedente robusto en materia de derechos laborales, y la decisión inhibitoria resalta el rigor que exige la Corte en la formulación de demandas de inconstitucionalidad.