Antecedentes del caso

Una entidad descentralizada por servicios presentó una demanda ejecutiva de mínima cuantía contra un particular ante un juzgado promiscuo municipal de un municipio distinto a la capital. El juzgado asignado rechazó su competencia y remitió el caso a la capital, argumentando que, conforme al artículo 28 del Código General del Proceso, al tratarse de una entidad pública descentralizada, la competencia corresponde al juez del domicilio principal de dicha entidad. El juzgado civil municipal de la capital, a su vez, también rehusó conocer el proceso, argumentando que la competencia debía definirse atendiendo a los numerales 5º y 10º del artículo 28 del Código, que permiten la radicación en el domicilio principal o en la sucursal relacionada con el asunto. Dada la negativa de ambos juzgados, se planteó conflicto de competencia ante la Corte Suprema.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que el artículo 28 del Código General del Proceso establece reglas para determinar el juez natural por factores territoriales, subjetivos y funcionales. En particular, el numeral 10º dispone que en procesos contenciosos donde participe una entidad territorial o descentralizada por servicios, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad, prevaleciendo este fuero territorial cuando la entidad sea parte. Se aclaró que esta pauta busca privilegiar la competencia basada en la calidad de las partes, prevaleciendo sobre el factor territorial relacionado con la ubicación del bien o sucursal. Además, la competencia asignada por este numeral es improrrogable y no puede ser renunciada por la entidad pública. Respecto a la posibilidad de que la entidad pueda presentar demandas en el domicilio de sus sucursales, la Corte explicó que el numeral 5º del artículo 28 aplica solo a procesos contra la persona jurídica y no cuando la entidad es demandante. Por lo tanto, la entidad pública demandante debe acudir al juez del domicilio principal.

Decisión final

La Corte Suprema declaró que el juzgado civil municipal de la capital es competente para conocer la demanda ejecutiva presentada por la entidad descentralizada por servicios. En consecuencia, ordenó remitir el proceso a ese juzgado para que asuma el conocimiento y notificó a las partes involucradas. Esta decisión reafirma la prevalencia del fuero basado en la calidad de las partes para las entidades públicas, garantizando la coherencia en la asignación de competencia y la correcta administración de justicia en procesos ejecutivos contra particulares.

Aspecto	Antes	Ahora
Competencia territorial	Juzgado municipal del lugar donde se suscribió el pagaré	Juzgado civil municipal del domicilio principal de la entidad pública
Fundamento legal	Artículo 28, numeral 5º y 10º del Código General del Proceso	Prevalencia del numeral 10º (fuero por calidad de parte)
Aplicación	Competencia discutida y conflictiva	Competencia privativa e improrrogable asignada al juzgado del domicilio de la entidad

Con esta resolución, la Corte Suprema establece un precedente claro que facilitará la tramitación de demandas ejecutivas presentadas por entidades públicas descentralizadas, evitando futuras controversias sobre la competencia territorial y promoviendo la eficiencia judicial en estos casos.