Antecedentes del caso

El proceso judicial se originó tras la captura de un soldado profesional en marzo de 2022, momentos en que fue sorprendido ingresando sustancias estupefacientes a las instalaciones del Gaula Oriente, un establecimiento de reclusión temporal en Antioquia. En su poder se encontraron 63 gramos de marihuana y 19 gramos de cocaína, cantidades que superan el consumo personal. Se le atribuyó la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado por haberse cometido en un lugar de reclusión. El juzgado de primera instancia condenó al acusado a una pena de 128 meses de prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Posteriormente, la Sala Penal del Tribunal Superior modificó la condena, reduciendo la pena a 64 meses y la multa a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, al considerar que el Gaula Oriente no constituye un establecimiento carcelario según la interpretación del artículo 384 del Código Penal.

Recursos y argumentos de la defensa

El defensor del sentenciado interpuso recurso extraordinario de casación, alegando un error de hecho por falso juicio de identidad y raciocinio en la valoración de la prueba testimonial. Se sostuvo que no se probó que las sustancias incautadas tuvieran una destinación comercial ilícita, sino que eran para consumo personal del acusado, quien también era consumidor habitual y laboraba en el lugar. El recurso argumentó que el tribunal habría añadido información no contenida en el testimonio de un testigo clave y que se basó en una regla de experiencia equivocada para concluir que el acusado distribuía estupefacientes a los detenidos.

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