Antecedentes del caso

Dos personas interpusieron acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales, tales como el debido proceso, la salud, el acceso a la administración de justicia, la dignidad humana, el trabajo, la identidad cultural, el mínimo vital, la salud y la vivienda. Solicitaban que se dejara sin efecto una providencia emitida en un incidente de desacato relacionado con la suspensión de obras en un lote específico, hasta que se cumplieran trámites previos y se garantizara la reubicación de sus familias en condiciones similares a las anteriores. El Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas concedió el amparo, señalando que la decisión cuestionada vulneraba el cumplimiento efectivo del fallo de tutela y daba discrecionalidad al municipio para determinar el modo y plazo de cumplimiento, lo que afectaba la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, el juez de primera instancia rechazó esta decisión, argumentando que se habían seguido los parámetros jurisprudenciales para resolver incidentes de desacato y que el municipio había realizado esfuerzos para cumplir la orden judicial, pese a la complejidad del caso.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema determinó que el Tribunal Superior carecía de competencia para conocer el recurso presentado, debido a que la controversia también involucraba una decisión previa de la Sala Penal de la misma corporación, que había modificado aspectos relacionados con la reubicación temporal ordenada al municipio. En consecuencia, se estableció que, conforme al reglamento de la Corte Suprema y la normativa vigente, las acciones de tutela contra jueces o tribunales deben ser asignadas...