La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia decidió sobre un incidente de desacato instaurado contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Cali, en relación con el cumplimiento de la sentencia de tutela STC1291-2025, emitida el 12 de febrero de 2025.

Antecedentes del caso

La acción de tutela había ordenado al juzgado mencionado que, en un término de 48 horas, impulsara el trámite correspondiente para la expedición del despacho comisorio que permitiera la entrega del inmueble adjudicado en un proceso ejecutivo. Además, debía definirse la nulidad planteada por la parte demandada en un plazo no mayor a un mes desde la notificación del fallo. Sin embargo, la parte accionante alegó que, a pesar de haber transcurrido el tiempo estipulado, la orden no se había cumplido plenamente, motivo por el cual solicitó el inicio del incidente de desacato para lograr el cumplimiento inmediato de la orden constitucional.

Respuesta de las autoridades judiciales

El juzgado indicó que, aunque se presentó demora en la expedición de las decisiones debido a la alta carga laboral y limitaciones de personal, se habían adoptado medidas para mejorar los tiempos de respuesta. Además, informó que en auto del 10 de marzo de 2025 se resolvió la nulidad pendiente y se ordenó priorizar la expedición del despacho comisorio para la entrega del inmueble. Por su parte, la Sala Civil del Tribunal Superior confirmó que la orden de tutela solo estaba dirigida al juzgado de ejecución y que éste había cumplido con lo ordenado en la sentencia.

Consideraciones jurídicas

El desacato, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, requiere no solo el incumplimiento de una orden judicial dentro del plazo establecido, sino también una actitud de franca rebeldía o negligencia imputable a la autoridad incumplida. La Corte recordó que la responsabilidad subjetiva es esencial para configurar el desacato, y no puede presumirse solo por el hecho del incumplimiento. En este caso, si bien hubo retraso en el cumplimiento, la autoridad judicial finalmente atendió el mandato judicial, resolviendo la nulidad y ordenando la entrega del inmueble. Por tanto, no se configuró desacato ni negligencia grave que amerite sanción.

Decisión final

La Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de imponer sanciones por desacato, ordenó la terminación y archivo del incidente y dispuso notificar a las partes por el medio más expedito. Este fallo reafirma la importancia de valorar no solo el incumplimiento sino también las circunstancias que rodean la gestión judicial, evitando sanciones cuando la demora no implica una actitud negligente o rebelde frente a las órdenes constitucionales. De esta manera, la Corte Suprema envía un mensaje claro sobre la necesidad de equilibrar la exigencia del cumplimiento judicial con el reconocimiento de las dificultades administrativas que puedan afectar la celeridad procesal, garantizando así la protección efectiva de los derechos fundamentales sin desconocer las realidades del funcionamiento judicial.