La Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación especial presentada contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que condenó por primera vez a un acusado por el delito de invasión de tierras o edificaciones, previsto en el artículo 263 del Código Penal. La conducta ilícita ocurrió en septiembre de 2014, cuando el procesado ingresó y ocupó un inmueble ubicado en el barrio San Diego de Cartagena, de propiedad legítima de terceros.

Antecedentes y desarrollo del proceso

El proceso penal inició con la acusación formal en junio de 2018, y tras la audiencia concentrada y el juicio oral, el juzgado de primera instancia dictó sentencia absolutoria en febrero de 2021. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y el representante de las víctimas, y en septiembre de 2021 el Tribunal Superior revocó la absolución y condenó al acusado a 48 meses de prisión, multa y suspensión de derechos políticos, además de ordenar la restitución del inmueble a los propietarios.

Argumentos de la impugnación y análisis de la Corte

El defensor del condenado presentó la impugnación especial alegando, entre otros puntos, que documentos probatorios clave no fueron incorporados al proceso, que la conducta no encajaba en el tipo penal imputado, y que la sentencia carecía de motivación suficiente sobre la antijuridicidad y culpabilidad. Sin embargo, la Corte aclaró que la no incorporación de documentos fue consecuencia de la inacción de la defensa y que la valoración probatoria realizada por el Tribunal Superior fue adecuada. Además, la Corte destacó que la conducta de invasión quedó acreditada con base en testimonios que evidenciaron la entrada violenta al inmueble y la intención de obtener provecho económico mediante modificaciones y arrendamientos del bien. También se estableció que el acusado conocía que la propiedad correspondía a terceros y que actuó con plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.

Consecuencias y vigencia

Con esta decisión, la Corte Suprema confirmó la condena impuesta en segunda instancia, ratificando la sanción penal y la restitución del inmueble a sus legítimos propietarios. La sentencia es definitiva y no admite recurso alguno. Este fallo reafirma la protección judicial sobre la propiedad privada y establece un precedente claro en la aplicación del delito de invasión de tierras o edificaciones, especialmente en casos de ocupaciones arbitrarias con ánimo de lucro. El caso pone de manifiesto la importancia del debido proceso y la valoración integral de la prueba para garantizar tanto los derechos de los propietarios como las garantías del acusado en el sistema penal colombiano, fortaleciendo así el respeto a la legalidad y el orden público en materia de propiedad inmobiliaria.