El proceso judicial se originó tras la denuncia presentada por los herederos y la cónyuge supérstite del propietario fallecido de un apartamento ubicado en Bogotá, quien no autorizó la venta del inmueble. Se comprobó que un poder aparentemente otorgado por el propietario muerto fue utilizado para celebrar la compraventa con una tercera persona, compradora del bien. La presentación personal de dicho poder se hizo ante un juzgado municipal dos años después del fallecimiento del mandante, lo que evidenció la falsedad del documento. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió inicialmente al acusado, argumentando insuficiencia probatoria para establecer su responsabilidad penal. Sin embargo, la Sala de Casación Penal analizó el recurso extraordinario de casación interpuesto por los representantes de las víctimas y encontró errores de hecho y valoración probatoria en las decisiones anteriores. Se determinó que el poder falso constituyó un medio fraudulento idóneo para inducir en error tanto al registrador de instrumentos públicos como a la compradora del inmueble, configurando los delitos de fraude procesal y estafa.

Evidencias clave y valoración de la Sala

Entre las evidencias clave se incluyen testimonios de los herederos que negaron haber autorizado la venta del inmueble, la declaración de la compradora que acreditó haber sido engañada mediante la presentación del poder falso y la participación directa del procesado en la negociación, suscripción y protocolo de la escritura pública. También se valoraron los informes periciales que confirmaron la imposibilidad de que el poder hubiera sido otorgado por el propietario fallecido.

Sentencia y medidas adoptadas

En cuanto a la dosificación de la pena, la Sala impuso al condenado una sentencia de 87 meses y 18 días de prisión, multa de 378,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 74 meses y 11 días. Se le negaron los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional y prisión domiciliaria, y se ordenó su captura inmediata para el cumplimiento de la condena. Además, se dispuso dejar sin efecto la escritura pública de compraventa y cancelar las anotaciones registrales derivadas de dicha transacción fraudulenta. Para tal fin, se notificará a la notaría y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá mediante el juzgado de primera instancia.

Investigaciones y garantías procesales

La Sala también ordenó compulsa de copias disciplinarias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial correspondiente, debido a las deficiencias y omisiones observadas en la actuación de la fiscal asignada al caso, que pudieron afectar los derechos de las víctimas. Finalmente, se advirtió a las partes la posibilidad de iniciar el incidente de reparación integral y se recordó la garantía de doble conformidad judicial, permitiendo la impugnación de esta decisión ante los magistrados restantes de la Sala. Este fallo reafirma la importancia de proteger los derechos patrimoniales frente a actos fraudulentos y subraya la obligación de los operadores judiciales y fiscales de cumplir con sus deberes de diligencia y transparencia para garantizar justicia efectiva.