La acción de tutela fue interpuesta por un actor que buscaba protección frente a una supuesta mora judicial por parte de la autoridad judicial que conoce del proceso ejecutivo para el pago de acreencias laborales reconocidas en sentencia contra el extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS). El actor reclamaba el incumplimiento del pago y solicitaba que se ordenara informar sobre las actuaciones realizadas y se ordenara el pago correspondiente por parte del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, administrado por la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario.

Antecedentes y trámite del proceso

El proceso laboral inicialmente reconoció la existencia de una relación laboral por dos periodos y condenó al pago de acreencias. Posteriormente, el actor intentó ejecutar la sentencia para obtener el pago, pero la autoridad judicial competente rechazó la demanda ejecutiva por falta de competencia, indicando que la entidad encargada de conocer de estos pagos es el Ministerio de Salud y Protección Social, según lo establecido en el Decreto 1051 de 2016. En consecuencia, remitió el expediente a dicha entidad. El Ministerio de Salud explicó que la función de efectuar los pagos recae en el Patrimonio Autónomo de Remanentes, que administra la Fiduciaria, y que el pago se realiza conforme a una orden de prelación y disponibilidad presupuestal. Además, señaló que ha presentado solicitudes ante el Gobierno Nacional para la asignación de recursos.

Decisión y consideraciones de la Corte Suprema

La Sala de Casación Laboral confirmó la improcedencia de la tutela, argumentando que se desconoció el requisito de subsidiariedad propio de la acción de tutela, dado que existen medios judiciales ordinarios...