Antecedentes del caso

La accionante promovió acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna, seguridad social y principios laborales, tras ser despedida sin justa causa y alegar falta de pago de cotizaciones al sistema de pensiones por su empleador durante un extenso periodo. Se inició un proceso ordinario laboral para que se reconociera el contrato y se ordenara el pago de las cotizaciones adeudadas. En primera instancia, el juez laboral negó las pretensiones, pero la Sala Laboral del Tribunal Superior revocó parcialmente y condenó al empleador a pagar las cotizaciones causadas mediante un cálculo actuarial. Posteriormente, la administradora de pensiones presentó la liquidación del crédito en un proceso ejecutivo. La accionante también promovió proceso contra la administradora de pensiones y el empleador para que se reconociera la responsabilidad solidaria y se ordenara el pago de la pensión de vejez y su retroactivo. La autoridad judicial de primer grado reconoció la pensión y ordenó el pago del retroactivo desde 2013 hasta 2018, pero la Sala Laboral del Tribunal Superior revocó esta decisión, absolviendo a la administradora de pensiones del pago del retroactivo. La accionante interpuso tutela argumentando vulneración de derechos fundamentales por defectos sustantivos y fácticos en la decisión judicial.

Análisis jurídico y consideraciones

La Corte recordó que la acción de tutela contra decisiones judiciales requiere acreditar el cumplimiento de requisitos generales y específicos, como la evidente relevancia constitucional y la existencia de defectos claros en la decisión judicial. En este caso, la Sala Laboral del Tribunal Superior actuó conforme al marco normativo, considerando...