La Corte Suprema de Justicia, mediante decisión de la Sala de Casación Laboral, resolvió en primera instancia una acción de tutela presentada contra el Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por presunta vulneración del derecho fundamental de petición.

Antecedentes del caso

El accionante presentó el 12 de febrero de 2025 una solicitud de información dirigida a la Escuela Judicial, en la que requería detalles sobre la capacitación y evaluación recibida por jueces y magistrados en dos periodos: de 1992 a 2018 y de 2019 a 2025. La petición incluyó preguntas específicas sobre la frecuencia de dichas capacitaciones y evaluaciones, así como la obligatoriedad de los programas ofrecidos. Al no recibir respuesta dentro de un plazo razonable, y tras agotar las vías ordinarias, acudió a la acción de tutela para proteger su derecho fundamental de petición, solicitando que se ordenara a la entidad contestar claramente cada punto planteado en un término de 48 horas.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, otorga a toda persona la facultad de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y recibir respuesta pronta, clara y de fondo. Además, señaló que el artículo 86 constitucional permite la acción de tutela para proteger derechos fundamentales cuando no existan otros medios judiciales eficaces o cuando se busque evitar un perjuicio irremediable. En este caso, la autoridad accionada no ofreció respuesta alguna al derecho de petición presentado, lo que constituye una vulneración del derecho fundamental. La Sala enfatizó que la respuesta debe ser oportuna, congruente con lo solicitado y notificada al peticionario, aspectos que no se cumplieron.

Decisión y efectos

Por lo anterior, la Corte Suprema concedió el amparo del derecho de petición y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que, en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia, responda de manera clara, concreta y precisa al requerimiento inicial. Asimismo, se dispuso notificar la decisión conforme a lo previsto en la normativa y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no presentarse recurso de impugnación en los términos establecidos. Esta decisión reafirma la obligación de las autoridades públicas de atender de manera diligente y completa las solicitudes de los ciudadanos, garantizando la transparencia y el acceso efectivo a la información sobre la formación y evaluación del personal judicial. De esta manera, se fortalece el respeto por los derechos fundamentales y se promueve la confianza en las instituciones encargadas de la administración de justicia.