Contexto del caso y procedimiento judicial

Un trabajador promovió un proceso laboral contra su empleador, una sociedad en liquidación, solicitando declarar la existencia de un contrato a término indefinido, el despido sin justa causa y sin autorización del Ministerio de Trabajo, y el reconocimiento de diversas prestaciones e indemnizaciones. Alegó que gozaba de estabilidad laboral reforzada por ser portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y que su despido tuvo un origen discriminatorio. El juzgado de primera instancia accedió a sus pretensiones, decisión confirmada por el tribunal de segunda instancia. Sin embargo, la Sala de Casación Laboral revocó estas sentencias, absolviendo a la empresa demandada, al considerar que no se acreditó la condición de discapacidad ni el conocimiento del empleador sobre la enfermedad. El trabajador interpuso acción de tutela alegando violación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, argumentando que la decisión desconoció precedentes constitucionales que amplían la protección de la estabilidad laboral reforzada a personas con condiciones de salud que dificultan el ejercicio de sus funciones.

Fundamentos de la Sala de Casación Laboral

La Sala señaló que el artículo 35 del Decreto 1543 de 1997 protege el derecho del trabajador a no informar al empleador sobre su condición de portador del VIH, garantizando su intimidad. Sin embargo, esta prerrogativa no extiende la protección de la estabilidad laboral reforzada en casos donde el empleador desconoce la condición de salud al momento del despido. Asimismo, la Sala recordó que la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 busca prevenir despidos discriminatorios contra personas con...