La Sala de Decisión de Acciones de Tutela No. 1 de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la impugnación interpuesta por una administradora de fondos de pensiones frente a la decisión de la Sala de Casación Laboral que declaró improcedente una acción de tutela contra fallos de la Sala Laboral del Tribunal Superior.

Antecedentes y contexto de los procesos

La tutela fue promovida en el marco de tres procesos ordinarios laborales en los que la administradora fue condenada a restituir a la entidad pública correspondiente los saldos y rendimientos financieros de cuentas individuales, así como los valores descontados por conceptos de gastos de administración, primas de seguros previsionales y aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tras declararse la ineficacia del traslado del régimen pensional de prima media al régimen de ahorro individual. En cada caso, las instancias judiciales de primera y segunda instancia ratificaron estas condenas, y la administradora interpuso recursos de casación que fueron negados. Frente a estas decisiones, la entidad acudió a la acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, y solicitó revocar las sentencias que la obligaban a reintegrar dichos valores.

Fundamentos de la decisión de la Corte Suprema

La Corte recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcionalísimo y que su procedencia depende del cumplimiento de estrictos requisitos, entre ellos el agotamiento previo de los recursos ordinarios y extraordinarios. En este caso, la Sala concluyó que la administradora no agotó los recursos procedentes, como el recurso de reposición y subsidiariamente el recurso de queja, contra las decisiones que negaron la admisión del recurso de casación, conforme al artículo 68 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por lo tanto, no se cumplió con el presupuesto de subsidiariedad para la procedencia del amparo. Además, no se evidenció un perjuicio actual, grave e inminente que justificara flexibilizar este requisito. La Sala consideró que los medios ordinarios disponibles eran idóneos para cuestionar las decisiones y garantizar los derechos fundamentales reclamados.

Implicaciones y conclusiones

Con esta decisión, la Corte Suprema confirma la improcedencia de la acción de tutela en los procesos referidos, ratificando que la protección constitucional debe respetar los mecanismos ordinarios de defensa y que la tutela no debe utilizarse para revivir etapas procesales en las que se dejaron de emplear los recursos legales previstos. Este fallo reafirma el principio de subsidiariedad en la acción de tutela contra decisiones judiciales, señalando que solo en casos excepcionales y debidamente justificados se puede omitir el agotamiento de recursos ordinarios. La decisión comenzó a regir desde el 25 de marzo de 2025 y afecta directamente a la administradora de fondos de pensiones demandada, así como a las entidades públicas involucradas en los procesos laborales sobre traslado de régimen pensional. En síntesis, la Corte Suprema refuerza la importancia de respetar los procedimientos judiciales establecidos para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica en materia laboral y pensional, promoviendo la estabilidad y confiabilidad en la administración de justicia.