Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El Proyecto de Ley número 382 de 2025, presentado en el Senado de la República de Colombia, tiene como objetivo principal dictar medidas para la sostenibilidad, restauración e interinstitucionalidad del territorio marino y costero. Su ámbito es primordialmente ambiental, con repercusiones sociales, económicas y culturales. La iniciativa apunta a enfrentar la erosión costera, proteger ecosistemas marino-costeros y fortalecer la coordinación entre entidades públicas y comunidades locales para la gestión de estos territorios. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de primer debate en la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado, con ponencia aprobada y sometida a votación por parte de los senadores. Tras su aprobación en esta comisión, seguirá su trámite hacia la plenaria del Senado y posteriormente a la Cámara de Representantes, conforme al procedimiento legislativo habitual.

Contexto y problemáticas que originan la propuesta

Colombia cuenta con una extensa línea costera de aproximadamente 3,100 kilómetros, distribuidos en 47 municipios ubicados en las regiones Caribe y Pacífico. Sin embargo, cerca del 50% de esta costa está en alto riesgo de erosión. Las causas son múltiples: el cambio climático, la falta de planeación territorial efectiva, extracción indiscriminada de arena, pesca con dinamita y vertimientos de aguas residuales, entre otros factores. Esta erosión ha provocado pérdidas significativas de terreno costero, afectando infraestructura, viviendas, ecosistemas como manglares y arrecifes coralinos, y la economía basada en el turismo y la pesca artesanal. Municipios emblemáticos viven una crisis ambiental y socioeconómica que afecta directamente a sus comunidades. El abandono histórico en la gestión y protección de estas zonas ha incrementado la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos y ha deteriorado el patrimonio natural y cultural.

Contenido clave del proyecto de ley

El proyecto está estructurado en 22 artículos, que incluyen medidas concretas para atender la problemática costera con un enfoque integral y multisectorial. Entre sus principales disposiciones destacan: - Creación del Sistema Bioceánico Nacional (SBN): Un mecanismo de coordinación interinstitucional que integra políticas, programas y actores para la administración, desarrollo sostenible, gobernanza y protección de los territorios marinos y costeros, así como la soberanía y seguridad integral del país en estas áreas. - Planes de sostenibilidad obligatorios: Departamentos, distritos y municipios costeros deberán adoptar planes específicos para la sostenibilidad del territorio marino-costero, articulados con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, incorporando estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas de manglar. - Medidas de protección ambiental: Restricciones a actividades como la extracción de arena en zonas vulnerables, prohibición de construcciones en áreas con alta vulnerabilidad ecológica, restauración y conservación de manglares y arrecifes de coral, y la implementación de infraestructura verde para la protección costera. - Participación comunitaria y gobernanza: Garantiza la participación efectiva de comunidades locales y étnicas, organizaciones de pescadores y autoridades regionales en las instancias de gobernanza territorial, promoviendo el trabajo articulado con Corporaciones Autónomas Regionales, unidades ambientales costeras, y entidades territoriales. - Compensaciones ambientales: Establece que proyectos sujetos a licenciamiento ambiental que afecten ecosistemas marinos y costeros deben realizar compensaciones mediante acciones directas de restauración ecológica con mantenimiento y monitoreo garantizados por las autoridades ambientales competentes. - Monitoreo ambiental: Implementación de mecanismos para el seguimiento de indicadores de erosión costera, contaminación y estado de los ecosistemas marinos. - Fondo Nacional para la Restauración Marina y Costera: Creación de un fondo especializado que será financiado principalmente con el 80% del recaudo del impuesto nacional a las bolsas plásticas, destinado a la investigación, conservación, restauración y mitigación de la erosión costera, priorizando municipios con mayor vulnerabilidad y necesidades de restauración. - Medidas para la reubicación digna: En caso de ser necesaria la reubicación de personas asentadas en zonas de erosión costera, el proyecto contempla garantizar la protección de los derechos humanos y condiciones dignas para los afectados.

Impacto potencial del proyecto

Si se convierte en ley, esta iniciativa tendrá un impacto ambiental positivo al proteger y restaurar ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección natural de las costas colombianas. Socialmente, contribuirá a mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras, especialmente aquellas afectadas por la erosión y la contaminación, evitando desplazamientos forzados y promoviendo su participación en la gobernanza territorial. Económicamente, la ley puede revitalizar sectores como el turismo y la pesca artesanal, que dependen directamente de la salud ambiental marina y costera. Además, fortalecerá la capacidad institucional para la gestión ambiental y facilitará la obtención de recursos nacionales e internacionales para proyectos de sostenibilidad.

Debate y posturas en la Comisión Quinta

Durante la discusión en la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado, los senadores manifestaron un amplio consenso sobre la urgencia y relevancia del proyecto. Se resaltó la situación crítica de municipios emblemáticos del Caribe y Pacífico, la necesidad de una gestión territorial efectiva y la creación del Sistema Bioceánico Nacional como un avance institucional fundamental. Se hicieron aportes para fortalecer la participación comunitaria, especialmente de pescadores artesanales y comunidades étnicas, y se insistió en incluir en el proyecto aspectos relacionados con el control de vertimientos de aguas residuales, la pesca a gran escala cercana a la costa y la integración de unidades ambientales costeras existentes. Algunos senadores propusieron la incorporación de mecanismos de gobernanza más inclusivos, la consideración de factores geológicos y naturales como el movimiento de placas tectónicas, y la inclusión explícita de conceptos ambientales en las definiciones del proyecto, para evitar interpretaciones ambiguas o contrarias a los objetivos de conservación. En materia financiera, se valoró positivamente la creación del fondo especializado y su financiación a partir del impuesto a las bolsas plásticas, considerándolo un mecanismo innovador y socialmente aceptable.

Comparación con legislaciones similares y contexto internacional

Este proyecto se alinea con tendencias internacionales que promueven la gestión integrada de zonas costeras y marinas, reconociendo la importancia de ecosistemas como manglares y arrecifes de coral para la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Países con costa extensa, como México y Chile, han desarrollado marcos normativos y sistemas de gobernanza similares, que combinan la protección ambiental con la participación comunitaria y la sostenibilidad económica. La iniciativa colombiana destaca por su enfoque integral, la creación de un sistema bioceánico nacional específico y la financiación directa mediante un impuesto ambiental, elementos que pueden convertirse en referentes para otras legislaciones de la región.

Conclusión

El Proyecto de Ley número 382 de 2025 representa un paso decisivo para enfrentar la crisis ambiental y social que vive el territorio marino y costero colombiano. Su enfoque integral, que combina medidas técnicas, institucionales, participativas y financieras, busca no solo detener la erosión y degradación de estos ecosistemas, sino también garantizar la sostenibilidad y resiliencia de las comunidades que dependen de ellos. El debate legislativo ha evidenciado un compromiso transversal para avanzar en esta materia, aunque persisten desafíos para incorporar todas las voces y garantizar la efectiva implementación de las medidas propuestas. La pronta aprobación y puesta en marcha de esta ley será crucial para preservar el patrimonio natural y cultural marino-costero, así como para asegurar el desarrollo sostenible y la protección ambiental en Colombia.