Consejo de Estado declara responsabilidad solidaria del municipio de Tenjo y propietario de fábrica de juegos pirotécnicos por explosión
Consejo de Estado declara responsabilidad solidaria del municipio de Tenjo y propietario de fábrica de juegos pirotécnicos por explosión
Proviene de: Sentencias
14 de mayo de 2025 12:9:25
Contexto y hechos relevantes
El siniestro se produjo en una fábrica de juegos pirotécnicos ubicada en zona rural del municipio de Tenjo, donde se almacenaban más de tres toneladas de pólvora y artículos pirotécnicos. La deflagración afectó predios vecinos, ocasionando daños materiales, ambientales y la muerte de dos caballos de paso fino propiedad del criadero vecino, así como lesiones a otros cuatro ejemplares. Además, se alegó afectación de infraestructura y contaminación del suelo y acuíferos en la finca contigua.
Responsabilidad del municipio y del propietario de la fábrica
El Consejo de Estado concluyó que la fábrica no contaba con la licencia ambiental necesaria ni cumplía con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente para la zona, que prohibía la producción, transformación, distribución y almacenamiento de pólvora y sustancias similares en el predio donde se ubicaba la fábrica.
Aunque el municipio de Tenjo había otorgado permisos y autorizaciones para la venta de juegos pirotécnicos, no ejerció control efectivo para verificar el cumplimiento de las normas de uso del suelo ni exigió la licencia ambiental requerida por la Corporación Autónoma Regional (CAR). Por tanto, el municipio incurrió en una falla del servicio al permitir que la fábrica operara ilegalmente, poniendo en riesgo a predios vecinos.
Por su parte, el propietario de la fábrica incumplió las obligaciones legales al continuar la operación sin licencia ambiental y en un área no autorizada. La responsabilidad de ambos fue declarada solidaria, con un grado de incidencia estimado en un 50% para cada uno, sin perjuicio de que la condena permita exigir el pago total a cualquiera de ellos.
Exoneración del Ministerio de Defensa
Se confirmó la absolución del Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares, ya que la renovación de la licencia de funcionamiento de la fábrica por parte de esta entidad fue válida y se encontraba vigente al momento del accidente. Además, no se acreditó que dicha autoridad hubiera incurrido en falla en el control o vigilancia de la actividad autorizada.
Daños y perjuicios reconocidos
En cuanto a los perjuicios, se acreditó la muerte de dos caballos y las lesiones a cuatro más, todos propiedad del criadero afectado. Sin embargo, no se demostró adecuadamente la existencia o valor de otros daños alegados como contaminación ambiental, afectación de acuíferos, destrucción de edificaciones o pérdida de oportunidad comercial.
Respecto al valor de los caballos fallecidos, el Consejo de Estado ordenó condenar en abstracto, para que mediante incidente se liquide su valor comercial real, dado que no se presentó prueba suficiente sobre su genealogía, edad exacta ni estado sanitario. No se reconocieron indemnizaciones por gastos médicos ni por ingresos dejados de percibir por servicios de monta o participación en exposiciones para los caballos lesionados, por falta de pruebas fehacientes.
Medidas adicionales y costas
Se confirmó la inscripción de la sentencia sobre los bienes inmuebles y el establecimiento de comercio de la fábrica como medida cautelar. No hubo condena en costas dada la prosperidad parcial de los recursos de apelación interpuestos por las partes.
Conclusión
El Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad solidaria del municipio de Tenjo y del propietario de la fábrica de juegos pirotécnicos por los daños causados en la explosión de 2013, excluyendo al Ministerio de Defensa. Se ordenó la liquidación del valor comercial de los caballos fallecidos y se negaron las demás pretensiones por falta de acreditación. Esta decisión resalta la importancia de que las autoridades territoriales ejerzan un control riguroso sobre las actividades industriales peligrosas y que los particulares cumplan con los requisitos legales para su funcionamiento, a fin de proteger la seguridad y el medio ambiente. Así, se envía un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida en la prevención de riesgos y la reparación de daños causados por actividades que ponen en peligro a la comunidad y al entorno.
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.