Objetivo y ámbito de aplicación del proyecto de ley

El Proyecto de Ley número 312 de 2023 Cámara tiene como propósito principal regular de manera clara y expresa en la legislación colombiana la instalación, operación y uso de ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones de tránsito. Se dirige al ámbito social y de seguridad vial, buscando proteger el derecho a la vida y a la integridad personal mediante la reducción de comportamientos viales riesgosos. Asimismo, busca consolidar las garantías del debido proceso en el procedimiento contravencional que se derive de estas detecciones electrónicas. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de segundo debate ante la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, tras haber sido aprobado en primer debate el 12 de diciembre de 2023. El siguiente paso previsto es la discusión en plenaria para su posible votación, aunque la ponencia oficial recomendó su archivo, lo que genera un debate intenso sobre su viabilidad.

Contexto y necesidad de la iniciativa legislativa

Las ayudas tecnológicas para la detección de infracciones de tránsito, conocidas como fotodetecciones, fueron introducidas en Colombia alrededor de 2015 con el fin de disminuir los índices de accidentalidad, controlar la velocidad vehicular y proteger a peatones en vías urbanas. Estas herramientas han demostrado efectividad en la reducción de accidentes y muertes. No obstante, la regulación actual se encuentra dispersa en varias normas y decretos que no siempre ofrecen claridad o uniformidad en los procedimientos. Esto genera dificultades interpretativas para las autoridades de tránsito y para los ciudadanos. El proyecto busca unificar y actualizar los criterios técnicos, procesales y sancionatorios relacionados con el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones.

Contenido clave del proyecto de ley

El proyecto establece un marco normativo integral que incluye: - Objeto y principios: Fortalecer las herramientas para la identificación de conductas infractoras y garantizar el debido proceso, basándose en principios como el acceso a la información, buena fe, presunción de inocencia, responsabilidad social y protección del derecho a la vida. - Ámbito de aplicación: Aplica a todas las autoridades de tránsito del país que instalen u operen ayudas tecnológicas para detectar infracciones y a los sujetos sancionados. - Autorización para instalación y operación: Solo la Agencia Nacional de Seguridad Vial podrá autorizar las zonas o tramos de vía donde se instalen estos sistemas, basándose en criterios técnicos de seguridad vial y movilidad que incluyen siniestralidad, prevención, infracciones y congestión. - Criterios técnicos y señalización: Se exigen certificaciones de calibración de equipos, señalización adecuada en las vías y trazabilidad de los instrumentos de medición. - Procedimientos contravencionales: Define el proceso para la validación de infracciones detectadas electrónicamente, la notificación al propietario del vehículo, y la posibilidad de desvirtuar la presunción de responsabilidad aportando pruebas. - Obligaciones de los propietarios: Incluye deberes como mantener actualizada la información de notificación, informar sobre el uso del vehículo y garantizar la visibilidad de mecanismos de identificación vehicular. - Intervención de autoridades de control: La Superintendencia de Transporte tendrá la función de verificar el cumplimiento de los criterios técnicos y podrá imponer sanciones por incumplimiento. - Disposiciones complementarias: Se regula la contratación con terceros para la operación de estos sistemas y se establece la creación de expedientes electrónicos para cada procedimiento.

Impacto potencial de la ley en la sociedad y el sistema legal

Si se convierte en ley, esta regulación podría consolidar la seguridad vial en Colombia al optimizar el uso de tecnologías para controlar infracciones de tránsito, contribuyendo así a la reducción de accidentes y muertes. La estandarización de procedimientos garantizaría mayor transparencia y respeto por los derechos de los ciudadanos, en especial el debido proceso y la presunción de inocencia. Por otro lado, la simplificación y unificación normativa evitarían la confusión que actualmente enfrentan las autoridades de tránsito y los ciudadanos frente a la dispersión de normas. La obligación de mantener la calibración y la señalización adecuada aseguraría la confiabilidad de las pruebas electrónicas. Desde un punto de vista fiscal, el proyecto no establece un impacto significativo, pero se enfatiza que cualquier gasto derivado debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Debate y posturas sobre el proyecto

La ponencia para el segundo debate presentó un informe negativo, argumentando principalmente que el proyecto genera duplicidad normativa, al legislar sobre aspectos que ya están regulados en otras disposiciones legales y reglamentarias. Se destaca que el procedimiento contravencional con base en fotodetecciones ya está contemplado en el Código Nacional de Tránsito y otras normas vinculadas, por lo que una nueva regulación podría complicar la interpretación y aplicación de la ley. Además, se señala que el proyecto, aunque busca asegurar derechos constitucionales como el debido proceso, no simplifica sustancialmente el marco jurídico existente y podría generar cargas administrativas adicionales para las autoridades y los usuarios. Por otro lado, el autor del proyecto y algunos sectores consideran que la regulación clara y específica es necesaria para garantizar la seguridad jurídica, la protección de los derechos de los conductores y la eficiencia en la operación de los sistemas tecnológicos. No se reportan conflictos de interés en el trámite legislativo, y la iniciativa es considerada de carácter general y de interés público.

Comparación con legislaciones internacionales

Aunque el informe no profundiza en comparaciones internacionales, es conocido que países con sistemas avanzados de control vial, como algunos en Europa y América Latina, cuentan con normativas claras que regulan el uso de tecnologías para la detección automática de infracciones, enfatizando principios similares de seguridad vial, debido proceso y transparencia. La iniciativa colombiana se alinea con estas tendencias, buscando adaptar la regulación al contexto nacional y a los avances tecnológicos disponibles.

Conclusión

El Proyecto de Ley número 312 de 2023 Cámara representa un esfuerzo por actualizar y unificar la regulación del uso de ayudas tecnológicas en la detección de infracciones de tránsito en Colombia. Su objetivo es fortalecer la seguridad vial y garantizar el respeto por los derechos de los ciudadanos en los procesos contravencionales. Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas relativas a la posible redundancia normativa y a la complejidad que podría añadir a un sistema ya regulado. El debate en el Congreso continúa, con un informe de ponencia negativa que recomienda su archivo, pero con sectores que defienden la necesidad de una regulación específica y clara. La decisión final del Congreso será clave para definir el futuro de la regulación de estas tecnologías en Colombia y su impacto en la seguridad vial y la administración de justicia en materia de tránsito. Se espera que, independientemente del resultado, este proceso contribuya a fortalecer el diálogo sobre la modernización y eficiencia del sistema de control de tránsito en el país.