Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como finalidad dignificar laboralmente a las personas que desempeñan funciones como manipuladores de alimentos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), un programa estatal que busca garantizar el acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo oficial a través del suministro de alimentación durante la jornada escolar. Además, pretende fortalecer los mecanismos de vigilancia, control social y participación ciudadana en la ejecución del programa. La iniciativa se encuentra en la etapa de ponencia para primer debate en la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, luego de haber sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. Tras este primer debate, seguirá su trámite legislativo con el segundo debate en plenaria y conciliación entre ambas cámaras.

Contexto y problemática que motiva la iniciativa

El PAE atiende a millones de estudiantes en Colombia, financiado por recursos del Gobierno Nacional y las entidades territoriales certificadas en educación. Sin embargo, diversas investigaciones, encuestas y denuncias periodísticas han evidenciado condiciones laborales precarias y vulneración de derechos de las personas manipuladoras de alimentos, muchas de las cuales son madres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad. La contratación de este personal se realiza mayoritariamente por los operadores del PAE, quienes emplean modalidades contractuales como contratos a término fijo, obra o labor, prestación de servicios y voluntariado. Esta última modalidad es especialmente problemática, pues muchas manipuladoras trabajan jornadas completas sin acceso a derechos laborales, seguridad social, ni cobertura en riesgos profesionales, lo que las expone a accidentes sin la debida protección. En distintas regiones del país, las manipuladoras perciben pagos muy bajos, frecuentemente calculados por ración servida o por estudiante atendido, sin que se garantice el pago proporcional al tiempo laborado ni las prestaciones sociales correspondientes. Además, se han registrado retrasos en los pagos y falta de dotación y capacitación adecuada. Estas condiciones han generado protestas y acciones de control por parte de la sociedad civil y entes de control, evidenciando la necesidad de una intervención legislativa para formalizar y dignificar el trabajo de este grupo vulnerable.

Contenido clave del proyecto de ley

El proyecto modifica la Ley 720 de 2001 (Ley de Acción Voluntaria) para excluir expresamente a las personas que se desempeñan como manipuladores de alimentos en el PAE de la categoría de voluntarios, garantizando así sus derechos laborales y de seguridad social. Se modifica la Ley 2042 de 2020 para: - Fortalecer la vigilancia y control social de la operación del PAE, asignando a las Secretarías de Educación Departamentales la formulación de planes de seguimiento y mejoramiento anual o semestral, que deben ser publicados y socializados ante las asambleas departamentales y municipios. - Incrementar del 20% al 30% el porcentaje mínimo de madres, padres, acudientes o tutores legales vinculados como manipuladores de alimentos, priorizando a quienes sean cabeza de familia o tengan hijos con discapacidad. - Prohibir la suscripción de convenios de voluntariado u otras modalidades contractuales que vulneren los derechos laborales del personal manipulador, excepto en reconocimiento a la labor en territorios indígenas. - Establecer la obligación para el Ministerio del Trabajo de presentar un informe anual de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social por parte de los operadores, que será publicado en portales web institucionales. - Autorizar al Gobierno Nacional para financiar con recursos del PAE los costos relacionados con derechos laborales y seguridad social de los manipuladores, sujeto a disponibilidad presupuestal y al Marco Fiscal de Mediano Plazo, con auditorías trimestrales a cargo de la Contraloría General de la República para garantizar la transparencia. - Exigir a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar la actualización de los lineamientos técnicos-administrativos del PAE, incluyendo la obligación de que los operadores garanticen los derechos laborales y de seguridad social en los estudios de costos para la contratación. - Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo público sobre el estado de implementación del PAE, con información actualizada sobre entrega de alimentos, recursos, contratación y subcontratación de operadores, coordinado con la Agencia Nacional de Contratación Pública.

Impacto potencial en la sociedad y la economía

Si el proyecto es aprobado, se espera que más de 44,000 manipuladores de alimentos, en su mayoría madres cabeza de familia, accedan a un empleo formal con garantías laborales y de seguridad social, lo que representaría un avance significativo en la protección de derechos y la reducción de la informalidad laboral en este sector. Esto contribuiría a mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias, así como a fortalecer el tejido social. La iniciativa también busca mejorar la transparencia y participación ciudadana en la gestión del PAE, lo que puede traducirse en un mejor uso de los recursos públicos y una mayor eficiencia en la prestación del servicio alimentario escolar. Desde el punto de vista fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha estimado que la formalización laboral de los manipuladores implicaría un costo anual aproximado de 593,6 mil millones de pesos, con un reparto equitativo entre la Nación y las entidades territoriales. Este impacto presupuestal deberá ser considerado en la planificación financiera para garantizar la sostenibilidad del programa.

Debate y posturas de los actores involucrados

El proyecto ha contado con un amplio respaldo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, con ponencias positivas que reconocen la urgencia de corregir las condiciones laborales precarias de los manipuladores del PAE. Las entidades estatales vinculadas, como el Ministerio de Educación, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar y el Ministerio de Trabajo, han expresado apoyo a la iniciativa, aunque han manifestado preocupaciones sobre el impacto fiscal y la operatividad de algunas disposiciones. En respuesta, se han realizado mesas técnicas para ajustar el articulado y lograr consensos. Por otro lado, la Contraloría General de la República y organizaciones de control social han insistido en la necesidad de fortalecer la vigilancia y la transparencia en la ejecución del PAE para evitar irregularidades y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. En el ámbito social, diversas voces han resaltado que la dignificación laboral de las manipuladoras es un paso fundamental para mejorar la calidad del programa y proteger a un sector vulnerable que desempeña un papel clave en la alimentación y bienestar de la niñez colombiana.

Comparación con legislaciones y políticas similares

Aunque la protección laboral de manipuladores de alimentos en programas escolares es un tema presente en varios países, la iniciativa colombiana destaca por integrar mecanismos específicos para la inclusión de padres y madres cabeza de familia, así como por vincular la formalización laboral con la transparencia y participación ciudadana. En otros contextos, la formalización de trabajadores en programas públicos de alimentación escolar ha demostrado beneficios en la calidad del servicio y en la reducción de la pobreza, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la erradicación del hambre y la promoción del trabajo decente.

Conclusión

El Proyecto de Ley 239 de 2024 Senado y 037 de 2023 Cámara representa un avance legislativo importante para garantizar el derecho al trabajo digno y la seguridad social de las personas manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar en Colombia. Su aprobación contribuiría a mejorar las condiciones laborales de un sector históricamente desprotegido, fortalecer la transparencia en la gestión pública y proteger el interés superior de la niñez. El desafío para el Congreso radica en equilibrar la formalización laboral con la sostenibilidad fiscal y la efectiva implementación de los mecanismos de control social, lo que requiere un compromiso político y técnico de las entidades involucradas. En definitiva, esta iniciativa pone en el centro la dignidad humana y la justicia social en uno de los programas más sensibles y estratégicos para el desarrollo social del país, asegurando un impacto positivo duradero para las futuras generaciones.