Contexto y objetivo del concepto jurídico

La Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Minería (ANM) emitió un concepto legal en respuesta a una solicitud relacionada con las ZPPA y APPA, en el marco de la normativa vigente y los procesos de coordinación interinstitucional. Este concepto tiene carácter ilustrativo y no vinculante, dirigido a ofrecer un panorama general sobre la incidencia de estas figuras en la actividad minera.

Posición de la ANM frente a las ZPPA y APPA

La ANM respalda la postura del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que reconoce la importancia de garantizar la soberanía alimentaria y la protección de suelos agropecuarios. Se ha promovido la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otras entidades para garantizar la coexistencia entre actividades mineras y agropecuarias, especialmente en el marco de la transición energética y el desarrollo sostenible. El ordenamiento jurídico contempla la armonización entre minería y agricultura, asegurando la protección ambiental y la sostenibilidad del suelo. La jurisprudencia constitucional destaca la necesidad de concertación entre sectores para un desarrollo sostenible y la protección de los derechos de las comunidades en territorios mineros.

Capacidad jurídica de las APPA para restringir actividades mineras

Las APPA, como determinantes de ordenamiento territorial según la Ley 2294 de 2023, deben ser tenidas en cuenta en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de las entidades territoriales. Sin embargo, cualquier restricción permanente a la minería requiere una acción conjunta entre la nación y las autoridades territoriales, respetando los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, conforme al artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y la jurisprudencia vigente.

Procesos de socialización y coordinación interinstitucional

La ANM ha participado en mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Ministerio de Minas y Energía, para analizar conjuntamente las ZPPA y APPA en proceso de delimitación o declaración. Hasta la fecha, se ha socializado la ZPPA de Antioquia, aportando información minera relevante. Sin embargo, la reanudación de las mesas técnicas para avanzar en la armonización entre protección agropecuaria y actividad minera está pendiente. Respecto a consultas específicas del Ministerio de Agricultura y la UPRA sobre exclusiones mineras en estas áreas, la ANM señala que no se han recibido solicitudes formales para exclusiones, aunque sí se ha establecido un espacio de diálogo para articular políticas públicas intersectoriales bajo principios de coordinación y coexistencia.

Impactos jurídicos y económicos

La ANM ha identificado riesgos jurídicos potenciales derivados de la delimitación de las APPA, que podrían afectar la seguridad jurídica de los títulos mineros y el cumplimiento de metas en transición energética. Se señala la necesidad de definir lineamientos claros para casos en que los títulos mineros no cuenten con todos los instrumentos habilitantes (Plan de Trabajos y Obras y licencia ambiental). En particular, la ANM destaca que los títulos con ambos instrumentos aprobados no pueden ser restringidos en el ejercicio de la minería dentro de las APPA, en virtud de la garantía de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. No obstante, se plantean inquietudes sobre títulos en proceso de actualización o sin licenciamiento completo.

Medidas adoptadas y propuestas de solución

Se han emitido observaciones jurídicas y técnicas en las mesas de trabajo para armonizar las políticas mineras y la protección agropecuaria. La ANM promueve la continuidad de espacios de articulación intersectorial mediante mesas técnicas permanentes para evaluar impactos y establecer mecanismos de coordinación. La entidad sostiene que no existe conflicto entre la minería responsable y las APPA, sino que se busca la coexistencia a través del aprovechamiento sostenible de los recursos minerales. Como ejemplo, se menciona la Ronda Minera de Fosfatos, que contribuirá a la producción de fertilizantes y al impulso de la productividad agrícola, promoviendo la soberanía alimentaria.

Conclusiones

El concepto jurídico refleja el compromiso de la Agencia Nacional de Minería en promover un diálogo intersectorial que garantice la seguridad jurídica, la protección del suelo agrícola y el desarrollo sostenible. Se reconoce la importancia de coordinar acciones entre nación y entidades territoriales para evitar conflictos y garantizar la protección de los derechos de las comunidades y titulares mineros. Finalmente, se aclara que este concepto tiene carácter general y no sustituye decisiones específicas que correspondan a las autoridades competentes en cada caso particular. La ANM continuará trabajando en colaboración con los demás sectores para fortalecer un marco normativo que facilite la coexistencia armoniosa entre la minería y la producción agropecuaria, en beneficio del desarrollo sostenible del país.