La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) emitió una respuesta técnica dirigida a una asociación de usuarios de un acueducto rural, con el fin de aclarar la aplicación de la metodología tarifaria vigente para prestadores de servicios en zonas rurales. La comunicación se fundamenta en la regulación establecida en el artículo 2.1.1.1.5.2 de la Resolución CRA 943 de 2021 y el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, que regulan los esquemas diferenciales para la prestación de servicios públicos domiciliarios en zonas rurales.

Esquemas diferenciales de prestación y aprovisionamiento

El marco normativo distingue dos formas de prestación en zonas rurales fuera de los centros poblados rurales: - Esquemas diferenciales de prestación del servicio, donde los prestadores están sujetos a regulación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la CRA, conforme a lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 y normas complementarias. - Esquemas diferenciales de aprovisionamiento, que corresponden a soluciones alternativas de suministro de agua que no constituyen servicio público domiciliario, por lo que no están sujetos a la regulación de la CRA ni a la Ley 142 de 1994. La regulación enfatiza que corresponde a la autonomía del prestador decidir a cuál esquema acogerse, siempre bajo la responsabilidad del municipio de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico.

Metodología tarifaria para esquemas diferenciales

La Resolución CRA 943 de 2021 establece las fórmulas para calcular los costos económicos de referencia que deben aplicar los prestadores rurales que adopten esquemas diferenciales. Entre estos costos destacan: - Costo Medio de Administración (CMA), con valores máximos definidos para acueducto y alcantarillado, que deben respetar la suficiencia financiera del prestador y el criterio de onerosidad. - Costo Medio de Operación General (CMOG), también con rangos establecidos para ambos servicios, permitiendo que el prestador utilice información y soportes pertinentes para fijar valores dentro de dichos rangos. Además, se permite incluir en el cálculo de costos inversiones y operaciones relacionadas con sistemas de tratamiento de agua potable, conforme a los planes de gestión aprobados.

Progresividad y vigencia de la fórmula tarifaria

La fórmula tarifaria vigente inició el 1 de julio de 2018 y tiene un periodo de aplicación de cinco años, según la Resolución CRA 943 de 2021. La aplicación progresiva de las tarifas debía efectuarse entre agosto de 2019 y julio de 2021, sin contemplar prórrogas para prestadores que iniciaran operación con posterioridad. Por lo tanto, la regulación no prevé la aplicación progresiva de tarifas más allá de esta fecha límite.

Registro y contribuciones para prestadores

Respecto al registro, la CRA indicó que no mantiene un registro propio de prestadores, sino que se alimenta del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios (RUPS) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La inscripción en dicho registro no genera costos directos. Sin embargo, conforme al artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y su reglamentación, los prestadores deben realizar contribuciones anuales para cubrir los costos de regulación, control y vigilancia de las entidades competentes.

Apoyo y recursos para prestadores rurales

La CRA ofrece diversos canales para resolver dudas y ampliar conocimientos sobre la regulación tarifaria, incluyendo chats institucionales semanales, material didáctico en línea, asesoría telefónica y correo electrónico. También se invita a los prestadores a inscribirse en talleres virtuales que explican los fundamentos y la aplicación práctica de los marcos regulatorios. Para facilitar la comprensión, la CRA dispone de videos explicativos sobre el marco tarifario, cálculo de costos, facturación y modificación de tarifas, accesibles en su página web institucional. En conclusión, la CRA reafirma la importancia de que los prestadores rurales comprendan y apliquen correctamente la metodología tarifaria vigente, respetando los esquemas diferenciales y la responsabilidad municipal, con el apoyo de las herramientas y canales que la entidad pone a disposición para garantizar un servicio eficiente y sostenible en las zonas rurales del país.