Objetivo y ámbito de aplicación del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como objetivo principal establecer un marco jurídico que garantice la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales, campesinas y pescadoras, sectores históricamente vulnerables y marginados en Colombia. Se enfoca en aspectos sociales, económicos, culturales y políticos que inciden directamente en la vida y desarrollo de estas mujeres, buscando cerrar brechas de desigualdad y promover su participación activa en la economía, la educación, la propiedad de tierras, la protección contra la violencia y el acceso a servicios públicos. Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado, en etapa de primer debate tras haber culminado su trámite en la Cámara de Representantes. Los siguientes pasos incluyen la discusión y votación en plenaria del Senado, con miras a su aprobación definitiva y promulgación como ley.

Contexto y necesidad de la reforma

La ley vigente, Ley 731 de 2002, fue concebida hace más de dos décadas con el propósito de proteger a las mujeres rurales en Colombia. Sin embargo, su reglamentación y aplicación han sido insuficientes para responder a las profundas desigualdades y dificultades que enfrentan las mujeres en zonas rurales, campesinas y pesqueras. Estas mujeres sufren una doble discriminación: por género y por su condición geográfica y socioeconómica, lo que limita su acceso a recursos productivos, educación, crédito, servicios de salud, justicia y participación política. Las estadísticas reflejan que cerca del 48% de la población rural en Colombia son mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar y en situación de pobreza multidimensional. La exclusión histórica ha afectado su acceso a la propiedad de tierras, a la estabilidad laboral y a la protección frente a la violencia de género, además de dificultar la continuidad educativa y la inserción en mercados productivos. En este contexto, la reforma busca actualizar y complementar la ley vigente para responder a estos desafíos, incorporando medidas afirmativas que promuevan la equidad y la justicia social para estas mujeres, así como su reconocimiento como agentes fundamentales en la economía rural y la seguridad alimentaria del país.

Contenido clave del proyecto de ley

El proyecto consta de 40 artículos distribuidos en ocho capítulos que abordan diversas temáticas esenciales para la protección y promoción de las mujeres rurales, campesinas y pescadoras: - Disposiciones generales: Define los términos, ámbito de aplicación y reconoce a las mujeres de la pesca en todas sus modalidades como sujetos de derecho. - Medidas afirmativas: Establece el acceso prioritario a créditos, capacitación, formación y asistencia técnica específica para estas mujeres, incluyendo una línea de crédito especial a través de entidades como Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías. - Educación y formación: Propone planes para reducir la deserción educativa, fomentar la educación superior tecnológica en áreas vinculadas a la ruralidad y la pesca, y promover la educación económica y financiera rural adaptada a sus necesidades. - Salud y protección: Incluye rutas de atención especializadas para la prevención y atención de la violencia de género, abuso sexual infantil y acceso a servicios de salud integral, reconociendo además el papel de las parteras tradicionales en las zonas rurales. - Participación y liderazgo: Promueve la conformación paritaria en espacios de representación y toma de decisiones a nivel comunitario, territorial y nacional, fortaleciendo la voz y el liderazgo de las mujeres rurales. - Economía y sustentabilidad: Fomenta la consolidación de la economía campesina y la agricultura familiar, así como la protección de saberes ancestrales y actividades productivas sostenibles. - Acceso a la justicia: Garantiza asesoría jurídica y psicológica para mujeres víctimas de violencia basada en género y facilita su acceso a mecanismos de justicia con enfoque diferencial. - Disposiciones finales: Regula la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas derivadas de la ley, con la participación activa de las organizaciones sociales y entidades gubernamentales.

Impacto potencial de la reforma

De convertirse en ley, esta reforma representaría un avance significativo para la equidad de género y el desarrollo rural en Colombia. Se espera que contribuya a: - Mejorar las condiciones de vida y trabajo de miles de mujeres rurales, campesinas y pescadoras, fortaleciendo su autonomía económica y social. - Reducir las brechas de desigualdad y pobreza, promoviendo su inclusión en mercados, propiedad de tierras y acceso a servicios públicos. - Fortalecer la seguridad alimentaria del país mediante el reconocimiento y apoyo a las actividades productivas lideradas por estas mujeres. - Promover la participación política y social, así como el empoderamiento de las mujeres rurales en la toma de decisiones a diferentes niveles. - Brindar protección integral contra la violencia de género y fortalecer rutas de atención especializadas, lo que impactaría positivamente en la salud y bienestar de estas poblaciones. - Impulsar la educación y formación técnica, promoviendo la permanencia de jóvenes rurales y el desarrollo sostenible de las comunidades.

Debate y posiciones de los actores involucrados

El proyecto ha contado con un amplio respaldo unánime en la Comisión Séptima del Senado, donde las ponentes y ponentes han destacado la importancia histórica de esta iniciativa, que lleva más de 20 años en trámite legislativo. Se reconoció el trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno Nacional, organizaciones sociales, plataformas de mujeres rurales y organismos internacionales como la FAO. La participación activa de las mujeres rurales en la construcción del proyecto fue resaltada, así como la inclusión de medidas que responden a sus necesidades reales, producto de múltiples mesas de trabajo y audiencias públicas en diferentes regiones del país. El Ministerio de Agricultura y otros entes gubernamentales manifestaron su compromiso con la implementación de la ley y la articulación de políticas públicas que garanticen su efectividad. Asimismo, se destacó la importancia de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para evitar que la ley quede solo en el papel, como ocurrió con la anterior Ley 731 de 2002. No se registraron posturas adversas relevantes en el debate público, pero se enfatizó en la necesidad de mantener un diálogo constante para ajustar la implementación y garantizar recursos suficientes.

Comparación con legislaciones similares en América Latina

La iniciativa colombiana se inscribe en una tendencia regional de reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres rurales. Países como Paraguay, Nicaragua, Honduras y Perú han avanzado en leyes y programas específicos que abordan el acceso a la tierra, crédito, capacitación, y protección contra la violencia para mujeres rurales e indígenas. Colombia, con esta reforma, busca consolidarse como referente en la región, al integrar en una sola norma medidas integrales y contextualizadas a la realidad nacional, y al incluir a las mujeres de la pesca dentro del marco de protección legal.

Conclusión

El Proyecto de Ley número 250 de 2024 Senado representa un paso decisivo para saldar una deuda histórica con las mujeres rurales, campesinas y pescadoras de Colombia. Su enfoque integral, resultado de un amplio proceso participativo y técnico, apunta a transformar estructuralmente la realidad de estas mujeres, promoviendo justicia social, equidad de género y desarrollo sostenible. El Congreso de la República tiene ante sí la oportunidad de aprobar una norma que no solo dignifique la vida de miles de colombianas, sino que también fortalezca el tejido social y económico del país. El debate legislativo continuará con la expectativa de lograr un consenso amplio y asegurar la efectiva implementación de esta importante reforma, que marcará un antes y un después en la garantía de derechos para uno de los sectores más vulnerables y fundamentales de la sociedad colombiana.