La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias según el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991, examinó dos solicitudes de nulidad formuladas por intervinientes dentro del proceso de control abstracto de constitucionalidad del expediente D-15.989.

Antecedentes procesales y tramitación

Una de las solicitudes fue presentada en razón de una presunta violación del debido proceso relacionada con la manifestación de impedimento de una magistrada, la cual no fue tramitada ni resuelta oportunamente. Se alegó que durante este tiempo se efectuaron actuaciones procesales que debieron haber sido declaradas nulas, incluyendo autos y la recepción de conceptos de ciudadanos y del Congreso. La Corte constató que, conforme al régimen legal aplicable, los términos procesales se suspenden durante la tramitación de incidentes de impedimento y que, en ese lapso, no pueden ejecutarse actuaciones judiciales válidas.

Competencia y régimen de nulidades

La Corte afirmó su competencia para resolver sobre las nulidades en el proceso de control abstracto, reiterando que solo pueden alegarse irregularidades que impliquen violación del debido proceso antes de proferido el fallo. Se establecieron los requisitos formales para invocar la nulidad, tales como la legitimación activa de los solicitantes, la oportunidad de la petición y la carga argumentativa clara y expresa sobre la transgresión constitucional invocada.

Contenido y análisis de las solicitudes

Los solicitantes, en calidad de intervinientes, pidieron la nulidad de lo actuado desde la fecha en que se manifestó el impedimento no resuelto, argumentando que se vulneró el debido proceso y que no debieron adelantarse actuaciones mientras el impedimento estaba pendiente. Sin embargo, la Corte encontró que una de las solicitudes carecía de la carga argumentativa requerida, pues no explicó de forma clara ni razonada cómo se afectó el derecho al debido proceso ni cuestionó la validez de las actuaciones realizadas. En cuanto a la otra solicitud, aunque se alegó la nulidad de las actuaciones durante la suspensión de términos procesales, la Corte señaló que ya fueron anuladas las actuaciones improcedentes y que es imposible anular actos sin efectos jurídicos.

Decisión final

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena: Primero. Rechaza por ausencia de carga argumentativa las solicitudes de nulidad presentadas por los intervinientes dentro del expediente D-15.989. Segundo. Contra esta providencia no procede recurso alguno. La decisión refleja la exigencia de que la nulidad procesal en procesos constitucionales debe estar debidamente fundamentada y demostrar de forma concreta las violaciones al debido proceso, evitando nulidades infundadas que retrasen la administración de justicia. De esta manera, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la administración judicial, garantizando que los recursos presentados cumplan con los estándares legales establecidos.