Antecedentes y planteamiento

El caso se originó a raíz de una solicitud presentada ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la que se pidió un concepto sobre la validez de que los juzgados se nieguen a efectuar la presentación personal de documentos dirigidos a entidades diferentes a las judiciales. La petición cuestionaba la práctica de algunos juzgados que indicaban que dichos documentos debían presentarse en notarías cuando no estaban dirigidos a autoridades jurisdiccionales. El Departamento Administrativo de la Función Pública remitió la solicitud por competencia, pero lo hizo a un correo electrónico perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y no directamente al Consejo Superior de la Judicatura, autoridad competente para resolver sobre trámites judiciales y administrativos en los despachos judiciales.

Análisis jurídico y decisión

La Sala recordó que el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, garantiza a toda persona presentar solicitudes respetuosas ante autoridades y obtener una pronta respuesta de fondo, clara y congruente. El incumplimiento de estos requisitos puede ser objeto de protección mediante acción de tutela. En este caso, se confirmó que el Consejo Superior de la Judicatura es la entidad competente para resolver la solicitud, ya que tiene la facultad de aprobar actos administrativos relacionados con los trámites judiciales y administrativos en los despachos judiciales, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024. No obstante, debido a que la petición no fue remitida adecuadamente a esta autoridad y no ha sido respondida de fondo, se evidenció la vulneración del derecho fundamental de petición.

Órdenes y efectos prácticos

El Consejo de Estado ordenó al Departamento Administrativo de la Función Pública que, en un plazo de un día hábil tras la notificación, remita la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura a través de un buzón electrónico que pertenezca efectivamente a dicha entidad. Además, debe notificar al solicitante sobre esta gestión conforme a la Ley 1437 de 2011. Asimismo, exhortó al Consejo Superior de la Judicatura a que, una vez reciba la petición, dé respuesta de fondo dentro del término legal y notifique debidamente al peticionario. Esta decisión busca garantizar la correcta tramitación de solicitudes relacionadas con procedimientos judiciales y asegurar el cumplimiento del derecho fundamental de petición en el ámbito judicial.

Conclusión

Este fallo destaca la importancia de que las autoridades administrativas y judiciales gestionen adecuadamente las peticiones ciudadanas y respeten los términos legales para responderlas. Además, reafirma la competencia del Consejo Superior de la Judicatura en regular los trámites judiciales y administrativos, asegurando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con eficacia y transparencia. Con esta sentencia, se fortalece la protección de los derechos fundamentales y se promueve una administración de justicia más accesible y eficiente para todos los ciudadanos.