Contexto y alcance de los acuerdos impugnados

Los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura en cuestión establecen la creación de varios juzgados de descongestión especializados para conocer de manera exclusiva los procesos penales relacionados con homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas en todo el territorio nacional. Además, regulan la remisión de expedientes, la firma de sentencias, la apelación y el traslado de los procesos.

Argumentos del demandante

El demandante cuestionó estas normas argumentando que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para crear una jurisdicción especializada con competencia nacional y material exclusiva, violando así la reserva legal y las reglas de competencia territorial y material establecidas en el Código de Procedimiento Penal. También alegó que estas disposiciones vulneraban la regla del juez natural, prevista en tratados internacionales y en la legislación nacional, al crear jueces ad hoc con competencia para conocer hechos anteriores a su creación.

Fundamentos de la decisión del Consejo de Estado

En su análisis, el Consejo de Estado recordó que el artículo 63 de la ley 270 de 1996 —modificado posteriormente por la ley 1285 de 2009 y la ley 2430 de 2024— otorga al Consejo Superior de la Judicatura la facultad para crear, con carácter transitorio y en situaciones de congestión, cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, así como para redistribuir procesos con el fin de descongestionar los despachos judiciales. Esta competencia incluye la posibilidad de asignar procesos a juzgados temporales, sin que ello implique la creación de una jurisdicción especial autónoma. La Sala señaló...