El pasado 2 de mayo de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitió un auto admisorio en un proceso de nulidad contra la Circular CAFLC22-15, emitida el 7 de abril de 2022. Esta circular establecía la prohibición del ingreso de menores de edad a las sedes judiciales del Distrito Judicial de Florencia y Administrativo del Caquetá, dirigida a funcionarios y servidores judiciales. En la providencia, el Despacho que conoce del caso resolvió admitir formalmente la demanda, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se ordenó notificar personalmente a la parte demandada y al agente del Ministerio Público, así como correr traslado a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que presenten sus conceptos en un término de treinta días. Además, se previno a la parte demandada para que allegue el expediente administrativo completo relacionado con la circular impugnada, a fin de facilitar la revisión del caso. La decisión también incluye la comunicación de este proceso a la comunidad, en cumplimiento con el artículo 171 del CPACA, para asegurar la transparencia del procedimiento. Este proceso judicial representa un paso importante para evaluar la legalidad de una medida que afecta a las sedes judiciales y a los derechos de los menores de edad y de quienes acceden a estos espacios. La circular cuestionada establecía una restricción clara que podría tener implicaciones en el acceso y desenvolvimiento en las instalaciones judiciales.

Continuación del proceso y posible impacto

El Consejo de Estado continuará con la tramitación del caso para definir si la circular cumple con los requisitos legales y constitucionales. Mientras tanto, la medida sigue vigente hasta que se emita una decisión final. Este caso ejemplifica cómo los actos administrativos pueden ser objeto de control judicial para garantizar que respeten los derechos y principios del ordenamiento jurídico. Asimismo, resalta la importancia de la participación de las partes interesadas y del Ministerio Público en la defensa del interés general.

Conclusiones

En resumen, la admisión de la demanda abre la puerta a un análisis riguroso sobre la prohibición del ingreso de menores a sedes judiciales y sus posibles efectos legales y sociales. El resultado de este proceso será clave para definir el alcance de las regulaciones internas en los despachos judiciales del país, asegurando un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios del sistema judicial.