El pasado 7 de mayo de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió admitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de segunda instancia dictada el 9 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Antecedentes y objeto del recurso

La sentencia cuestionada confirmó la negativa de las pretensiones relacionadas con la privación de la libertad de un particular, pero declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía y la Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y el error judicial durante la investigación penal, vulnerando derechos fundamentales de una menor de edad. Además, condenó a las entidades a pagar una indemnización por perjuicio moral y daño a la salud. El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que permite revisar sentencias que ponen fin al proceso y contra las cuales no procede recurso de apelación, cuando existe una nulidad originada en ellas.

Subsanación y requisitos del recurso

Tras un auto inicial de inadmisión por falta de ciertos requisitos procesales, la Fiscalía corrigió las falencias señaladas, designando adecuadamente a las partes demandantes y señalando los canales de notificación de la contraparte. Asimismo, acreditó la representación judicial para interponer el recurso. Se ordenó el emplazamiento de las partes demandantes mediante publicación en medios de amplia circulación, dado que no fue posible notificarlas personalmente por desconocerse su paradero. También se vinculó a la Rama Judicial al proceso, al ser parte en el litigio original. El recurso cumplió con los requisitos de procedencia y oportunidad, habiéndose presentado dentro del término legal correspondiente.

Implicaciones y próximos pasos

La admisión del recurso abre la posibilidad de revisar el fondo de la sentencia, en particular la alegación de nulidad por vulneración del debido proceso, relacionada con la modificación de hechos y pretensiones en la sentencia de segunda instancia. Se notificará personalmente a las entidades involucradas, y se dará traslado a las partes y al Ministerio Público para que participen en el trámite. Además, se garantizará el acceso al expediente a través de la plataforma de gestión judicial SAMAI. Esta decisión representa un paso importante en el control judicial de sentencias administrativas, especialmente en casos que involucran responsabilidad patrimonial del Estado por fallas en la administración de justicia. La revisión podría tener un impacto significativo en la interpretación y aplicación del principio iura novit curia y en la protección de los derechos fundamentales en procesos administrativos y judiciales. Con este avance, se fortalece la garantía de un debido proceso efectivo y se reafirma el compromiso del Estado con la justicia y la reparación integral de las víctimas de errores judiciales. El Consejo de Estado continuará con el análisis profundo del caso para emitir una decisión definitiva que permita aclarar las responsabilidades y establecer precedentes en materia de control judicial y protección de derechos.