Antecedentes del caso

En agosto de 2015, se presentó una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, representada por la Rama Judicial, la Fiscalía General y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), debido a una presunta falla del servicio en un proceso de extinción de dominio sobre unos inmuebles. En febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la caducidad y negó las pretensiones de la demanda. Adicionalmente, estableció la obligación de la parte demandante de pagar las agencias en derecho a favor de los demandados, fijando los montos correspondientes según la participación procesal de cada entidad. Posteriormente, en abril de 2022, la Secretaría del Tribunal liquidó las agencias en derecho conforme a la decisión y en mayo de 2022, el Tribunal aprobó dicha liquidación de costas.

Recurso y análisis del Consejo de Estado

La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto que aprobó la liquidación, argumentando que la cuantía de las pretensiones se había reducido durante el proceso y que, por tanto, el monto de las agencias debía ajustarse según un acuerdo posterior del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo de Estado, en su análisis, recordó que la liquidación y ejecución de condenas en costas se rige por el Código General del Proceso (CGP) y que el recurso adecuado para controvertir el monto es la apelación contra el auto que aprueba la liquidación. Además, destacó que el monto fijado por el tribunal se ajustó a las tarifas vigentes al momento de la radicación de la demanda, contenidas en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. Se explicó que, aunque parte de las pretensiones fueron declaradas caducas, todas generaron gastos de representación judicial, por lo que el valor total de las pretensiones negadas fue considerado para la fijación de las agencias en derecho. El monto aprobado no superó el tope máximo establecido en el acuerdo mencionado. Finalmente, no se evidenció ninguna circunstancia que justificara modificar el monto fijado, por lo que la decisión del tribunal fue confirmada.

Implicaciones y conclusión

Esta decisión reafirma la aplicación estricta de las tarifas para agencias en derecho establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el procedimiento para controvertir la liquidación de costas conforme al CGP. Además, enfatiza que la representación judicial efectiva durante todo el proceso justifica el reconocimiento de las agencias en derecho, incluso cuando algunas pretensiones son declaradas caducas. La confirmación de la liquidación de costas tiene vigencia inmediata y el expediente será devuelto al tribunal de origen para los trámites correspondientes. Este caso sienta un precedente relevante para procesos administrativos en materia de reparación directa, especialmente en lo relacionado con la cuantificación y aprobación de costas procesales, fortaleciendo la seguridad jurídica y la transparencia en la administración de justicia.