Contexto del caso

El proceso judicial se centra en controversias contractuales relacionadas con la licitación pública para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Chía. La Procuraduría General de la Nación demandó al municipio, y durante el trámite se decretó como prueba de oficio la entrega de copias de expedientes disciplinarios relacionados con la contratación. Se presentaron solicitudes para acceder a la documentación aportada como prueba de oficio, incluyendo la interposición de peticiones para ampliar el acceso y para investigar posibles autorizaciones indebidas al acceso por parte de terceros no apoderados.

Decisiones sobre el acceso al expediente

El Consejo de Estado confirmó que el acceso a los documentos aportados como prueba de oficio fue concedido a los sujetos procesales y a abogados inscritos que no son apoderados, conforme al artículo 123 del Código General del Proceso (CGP). Se verificó la disponibilidad de la documentación en la plataforma digital correspondiente y se negó la solicitud de un término adicional para revisar el expediente. Asimismo, se abstuvo de iniciar investigaciones sobre la presunta autorización indebida del acceso al expediente por parte de terceros, señalando que esta cuestión puede ser objeto de acciones independientes.

Sobre las pruebas en segunda instancia

La entidad demandada solicitó la práctica de pruebas en segunda instancia y aportó documentos con el propósito de controvertir las pruebas decretadas de oficio. Sin embargo, el Consejo determinó que tales solicitudes fueron presentadas fuera de los términos legales establecidos en los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Por tanto,...