Antecedentes del caso

En un proceso iniciado en 2014, un grupo demandante ejerció el medio de control para la reparación de perjuicios causados por el cobro indebido del impuesto de alumbrado público en la ciudad de Neiva desde 1998, alegando que dicho impuesto no fue aprobado conforme a la ley. La demanda fue presentada contra la Nación, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el municipio de Neiva y la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Durante el trámite, se decretaron inspecciones judiciales con exhibición de documentos en diversas entidades involucradas, incluyendo la CREG, para recolectar información sobre actos administrativos y regulaciones relacionadas con el impuesto. Sin embargo, la práctica de la inspección en la CREG encontró obstáculos debido a la negativa de un juzgado administrativo de auxiliar la comisión judicial, lo que llevó a una serie de recursos y acciones legales para intentar materializar la prueba.

Solicitud probatoria en segunda instancia y decisión del Consejo de Estado

En agosto de 2024, la parte demandante solicitó la práctica de la inspección judicial con exhibición de documentos ante la CREG en segunda instancia, con base en el artículo 327-2 del Código General del Proceso (CGP), que permite pedir pruebas en esta etapa si fueron decretadas en primera instancia pero no practicadas sin culpa de quien las solicitó. El magistrado ponente negó la solicitud argumentando que la parte interesada no agotó todos los mecanismos legales para obtener la prueba dentro de las oportunidades procesales, lo que impidió su práctica en esta etapa. En su recurso de súplica, la parte demandante alegó que sí se ejercieron todos los recursos posibles y que no existía obligación de insistir en la práctica de la prueba. Tras analizar el caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó la negativa. Señaló que la inactividad del solicitante después de que la comisión judicial fuera devuelta al tribunal de origen y la incorporación de documentos de otras entidades implica una culpa atribuible a la parte, impidiendo aplicar la excepción prevista para la práctica de pruebas en segunda instancia. Además, recordó que la carga de la prueba recae en las partes y que la falta de actuación oportuna puede tener consecuencias desfavorables.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma que en los procesos administrativos y judiciales es fundamental que las partes cumplan con las cargas procesales, incluyendo agotar los recursos y mecanismos disponibles para la práctica de pruebas. El caso pone en evidencia la importancia del cumplimiento de los procedimientos para garantizar el acceso efectivo a las pruebas y, en consecuencia, a la defensa de los derechos en litigio. El fallo también clarifica la competencia y el alcance de la figura de la comisión judicial, como una delegación temporal para la realización de actos procesales específicos, y establece límites claros para su ejercicio, especialmente en cuanto a su nulidad y recursos procedentes. Finalmente, el Consejo de Estado ordenó devolver el expediente al despacho de origen para continuar con la resolución del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, dejando sin efecto la solicitud probatoria en segunda instancia por incumplimiento de la carga procesal. Esta decisión sienta un precedente importante para futuros procesos en materia de pruebas y procedimientos administrativos, garantizando que las partes actúen diligentemente para asegurar el debido proceso y la correcta administración de justicia.