La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en decisión reciente, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de una demanda por reparación directa presentada por familiares de una persona fallecida en un accidente vial ocurrido en el corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, Magdalena. El accidente, que involucró la explosión de un camión tipo cisterna, causó graves daños materiales y la muerte de la víctima.

Contexto y antecedentes del caso

La demanda se presentó contra diversas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, el Departamento del Magdalena, la Agencia Nacional de Infraestructura y el municipio de Pueblo Viejo, así como contra empresas privadas vinculadas al transporte y combustible. La pretensión era que se declarara la responsabilidad patrimonial de todas estas entidades por los perjuicios materiales e inmateriales derivados del fallecimiento. El Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó inicialmente la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control de reparación directa, conforme al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dado que la demanda fue presentada fuera del término legal de dos años contados desde el hecho causante del daño.

Fundamentos jurídicos y análisis de caducidad

El Consejo de Estado recordó que la caducidad es un mecanismo jurídico de orden público que establece plazos perentorios e irrenunciables para el ejercicio de acciones judiciales, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar la paralización del tráfico jurídico. Para el medio de control de reparación directa, el término es de dos años contados desde el día siguiente a la ocurrencia del daño o desde el momento en que el afectado tuvo o debió tener conocimiento del mismo. En este caso, el tribunal concluyó que el plazo comenzó a contar a partir del día siguiente al fallecimiento de la víctima, ocurrido el 6 de julio de 2020, por lo que el término venció el 7 de julio de 2022. La solicitud de conciliación extrajudicial presentada posteriormente no suspendió el término, pues fue radicada fuera del plazo legal. Además, el tribunal rechazó el argumento de que la existencia de una investigación penal en curso interrumpiera o suspendiera el término de caducidad, pues los procesos penal y administrativo son autónomos y tienen requisitos independientes.

Competencia y fuero de atracción

La Sala también se pronunció sobre la competencia para conocer la demanda cuando se ejerce contra entidades públicas y particulares al mismo tiempo. Confirmó que, en estos casos, la jurisdicción contencioso administrativa puede conocer del proceso en ejercicio del fuero de atracción, siempre que exista una mínima probabilidad de condena contra las entidades públicas. No obstante, en este asunto, dado que la demanda fue presentada extemporáneamente, no corresponde la remisión del proceso a la jurisdicción ordinaria para el conocimiento de las pretensiones frente a las empresas privadas.

Conclusión y efectos de la sentencia

En consecuencia, el Consejo de Estado confirmó el auto del Tribunal Administrativo del Magdalena que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control de reparación directa. La decisión fue notificada en abril de 2025 y el expediente fue devuelto para su archivo. Esta sentencia reafirma la importancia de respetar los términos legales para el ejercicio de acciones judiciales en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, garantizando así la seguridad jurídica y la eficiencia en la administración de justicia. Con esta decisión, se envía un mensaje claro acerca de la necesidad de actuar dentro de los plazos establecidos para proteger los derechos de las víctimas y sus familiares.