Antecedentes del caso

En un proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por perjuicios ocasionados debido a una detención ilegal por error judicial, condenándola al pago de indemnizaciones por perjuicios morales. Posteriormente, el Consejo de Estado modificó parcialmente esa decisión. Los beneficiarios presentaron una demanda ejecutiva para obtener el pago de las sumas reconocidas en la sentencia, incluyendo intereses moratorios y costas. El Tribunal Administrativo libró mandamiento de pago por un monto superior a 95 millones de pesos, pero la Fiscalía General de la Nación se opuso, argumentando que el trámite administrativo para el pago era el adecuado y que el procedimiento ejecutivo vulneraba el turno de pago establecido por ley. El Tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución, pero más tarde modificó la orden al detectar errores en la liquidación de los intereses moratorios y solicitó una nueva liquidación del crédito. La Fiscalía aportó una liquidación y alegó haber cumplido con el pago total, respaldado por resoluciones administrativas que reconocieron la deuda como pública y el depósito judicial correspondiente. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de junio de 2023, modificó la liquidación presentada por la Fiscalía, señalando que existía un saldo pendiente por intereses moratorios no pagados correspondientes al período entre julio y agosto de 2022.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal de primera instancia, señalando que la modificación de la liquidación del crédito se realizó conforme a derecho y con base en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El Tribunal encontró que la Fiscalía General de la Nación no incluyó en su liquidación los intereses moratorios causados entre el 1 de julio y el 5 de agosto de 2022, fecha en la que se realizó el depósito judicial. Además, tampoco se consideraron los intereses correspondientes a los seis primeros meses posteriores a la ejecutoria de la sentencia, período en el que cesa la causación de intereses una vez se presenta la solicitud formal para hacer efectiva la condena. El Consejo destacó que el pago efectuado por la Fiscalía, aunque sustancial, no cubrió la totalidad de la obligación reconocida en título ejecutivo, lo que generó un saldo insoluto calculado en aproximadamente un millón de pesos a favor de los demandantes.

Implicaciones y conclusión

Esta decisión reafirma la importancia de una correcta liquidación de créditos en procesos ejecutivos contra entidades públicas, especialmente en lo relativo a la causación y pago de intereses moratorios. La sentencia establece que, para dar por terminado un proceso ejecutivo, la entidad debe cumplir con la totalidad del pago, incluidos los intereses generados hasta la fecha efectiva del pago. El auto confirmado entró en firme y se ordenó devolver el expediente al Tribunal de origen para los trámites correspondientes. En resumen, la resolución del Consejo de Estado clarifica que el reconocimiento administrativo de una deuda pública y la consignación en depósito judicial no eximen a la entidad de la correcta liquidación y pago integral de la obligación, incluyendo intereses moratorios generados hasta la cancelación total. Esta sentencia sienta un precedente importante para futuros procesos ejecutivos contra entidades estatales, garantizando una mayor protección a los derechos de los demandantes y la correcta aplicación de la ley en materia administrativa y contencioso administrativa.