Contexto y hechos relevantes

El caso se inició tras la denuncia presentada por una mujer que acudió a la Estación de Policía de un municipio luego de ser agredida y amenazada de muerte por su compañero sentimental. A pesar de que la Policía tenía conocimiento del riesgo inminente al recibir la denuncia y realizar una búsqueda del agresor, las medidas adoptadas fueron limitadas: se entregaron números telefónicos para emergencias y se brindaron consejos de autoprotección, sin gestionar la remisión a la autoridad competente para la imposición de medidas de protección especializadas. La víctima retornó a su hogar, donde fue asesinada por su agresor.

Marco jurídico y obligaciones del Estado

La sentencia se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política, que establece la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas. Además, el artículo 88 reconoce la seguridad como un derecho y un deber estatal, con especial protección para mujeres, conforme al artículo 43. La jurisprudencia colombiana ha definido niveles de riesgo y amenaza que determinan la procedencia de medidas especiales de protección por parte del Estado. Cuando existen amenazas concretas y graves, el Estado tiene la obligación legal y constitucional de garantizar los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal.

Análisis y conclusión de la Sala

El Tribunal reconoció que la Policía Nacional incurrió en falla del servicio al no adoptar medidas efectivas para proteger a la víctima frente al riesgo inminente denunciado. La respuesta policial fue calificada como insuficiente, descoordinada y desprevenida, limitándose a la búsqueda del agresor y la entrega de recomendaciones...