Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada tras un procedimiento policial realizado en la madrugada del 3 de febrero de 2025 en el sector San Javier, Cuatro Esquinas. La accionante denunció que fue abordada por agentes de la Policía Nacional mientras se encontraba sola y en estado de vulnerabilidad. Según su relato, los agentes solicitaron su identificación, pero luego procedieron a una requisa sin justificación, con tocamientos indebidos y retención prolongada acompañada de comentarios intimidatorios. La accionante manifestó sentirse hostigada posteriormente por los mismos agentes y señaló que intentó presentar quejas en la estación policial local, sin éxito, dirigiéndose finalmente al comando de la Policía Metropolitana para exponer su inconformidad. La tutela solicitaba la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana e integridad personal, la identificación de los oficiales involucrados y el reconocimiento de la vulneración.

Respuesta y decisión de primera instancia

La Policía Nacional respondió que el procedimiento se enmarcó en las labores preventivas y en el artículo 159 de la Ley 1801 de 2016, sin que existiera vulneración de derechos. Además, alegó la subsidiariedad de la acción de tutela, señalando que la accionante contaba con otros medios judiciales idóneos para defender sus derechos. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó la tutela el 21 de febrero de 2025, argumentando la falta de pruebas que acreditaran la vulneración de derechos fundamentales. La sentencia destacó contradicciones en el relato de la accionante y señaló que el procedimiento denunciado ya había concluido, por lo que el daño que se pretendía evitar ya se había consumado.

Impugnación y análisis del Tribunal

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