Antecedentes y pretensiones

El demandante, en calidad de poseedor del vehículo tipo buseta que cubría la ruta Tolú–Coveñas–Sincelejo, solicitó declarar administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas: el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Transporte. La demanda se sustentó en la presunta falla en el servicio que habría derivado en la destrucción del vehículo por parte de un grupo armado ilegal, con solicitud de indemnización por perjuicios materiales e inmateriales.

Hechos relevantes

El vehículo fue incinerado el 9 de junio de 2016 por hombres armados identificados como miembros del Clan del Golfo, mientras prestaba servicio público de transporte. El demandante retomó sus labores confiando en un supuesto parte de tranquilidad emitido por el Ministerio de Defensa, que además ofreció pólizas de seguro a los transportadores. Sin embargo, la aseguradora negó la indemnización alegando que el hecho no estaba cubierto por la póliza.

Posición de las entidades demandadas

El Ministerio de Transporte sostuvo que no tiene funciones en materia de seguridad ni mantenimiento del orden público. El Ministerio de Hacienda señaló que sus competencias no incluyen la vigilancia o protección en casos de actos terroristas, y que la póliza contratada no cubría los daños ocasionados por grupos no reconocidos como subversivos. Por su parte, el Ministerio de Defensa negó haber emitido comunicaciones que garantizasen tranquilidad y afirmó que no existió prueba que comprometa su responsabilidad.

Decisión de primera instancia y recurso de apelación

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones por falta de prueba sobre la propiedad efectiva del vehículo a favor del demandante y ausencia de responsabilidad estatal. El apelante argumentó que, aunque la propiedad no estuviera formalmente transferida, ejercía la posesión y explotación económica del vehículo, y que existía un contexto de inseguridad pública que debería haber sido previsto por las autoridades.

Análisis jurídico y conclusión

La Sala Segunda confirmó la sentencia inicial. Se reconoció la legitimación del demandante como poseedor para reclamar indemnización, pero se descartó la imputación de responsabilidad estatal debido a la falta de pruebas que evidencien conocimiento o previsibilidad de la amenaza por parte de las autoridades. La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que la responsabilidad por omisión en el deber de seguridad procede únicamente cuando las entidades estatales tenían conocimiento de la situación de riesgo y no actuaron para prevenir el daño. En este caso, no hubo denuncias previas ni solicitudes de protección, ni evidencia de comunicación oficial que garantizara seguridad al gremio transportador. Además, se destacó que las funciones de los Ministerios de Transporte y Hacienda no incluyen la garantía de seguridad en el orden público, y que la póliza de seguro contratada por el Ministerio de Hacienda no cubría el evento ocurrido. Finalmente, se concluyó que, si bien el daño ocurrió, no existe falla en el servicio imputable al Estado, por lo cual se confirmó la negativa de indemnización.

Implicaciones

Esta sentencia reafirma los criterios jurisprudenciales sobre la responsabilidad del Estado en casos de daños causados por terceros en contextos de violencia, enfatizando la necesidad de prueba concreta sobre el conocimiento y la omisión estatal para configurar la responsabilidad. Además, clarifica que el derecho de posesión puede legitimar reclamaciones indemnizatorias, aunque la propiedad no esté formalmente inscrita. La decisión también resalta la importancia de distinguir las competencias específicas de cada entidad pública en materia de seguridad y orden público. La sentencia fue notificada y quedó en firme, sin imposición de costas en segunda instancia, poniendo fin al proceso judicial.