El Tribunal Administrativo de Sucre resolvió en segunda instancia la impugnación presentada contra la negativa de amparo en tutela frente a la decisión administrativa de retiro discrecional del servicio activo de un integrante de la Policía Nacional, quien alegó vulneración de derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, trabajo, seguridad social, vida digna e igualdad. El funcionario policial fue retirado mediante resolución del Director General de la Policía Nacional, con fundamento en la facultad discrecional conferida por el Decreto Ley 1791 de 2000 y normas complementarias. La decisión se sustentó en el concepto previo de la Junta de Evaluación y Clasificación, que recomendó el retiro por pérdida de confianza y afectación al servicio policial, motivado en procesos disciplinarios y una investigación penal en curso.

Fundamento legal y análisis del Tribunal

En su análisis, el Tribunal recordó que el retiro discrecional en las Fuerzas Públicas es una potestad legal que busca el mejoramiento del servicio y la renovación institucional, y no requiere la existencia de faltas disciplinarias o penales concluyentes para proceder. No obstante, su ejercicio debe observar los principios de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, evitando arbitrariedades. Respecto al derecho a la estabilidad laboral reforzada, el Tribunal destacó que esta protección es aplicable a trabajadores en situación de debilidad manifiesta y a pre pensionados, siempre que la desvinculación ponga en riesgo derechos fundamentales como el mínimo vital. En el caso concreto, se consideró que no se acreditó perjuicio irremediable que impidiera el uso de otros medios judiciales ordinarios para controvertir el acto administrativo, ni que el retiro afectara gravemente la subsistencia del funcionario y su núcleo familiar.

Decisión sobre la acción de tutela

Además, se enfatizó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para impugnar actos administrativos concretos salvo en situaciones excepcionales que impliquen daño inminente y grave. El funcionario no agotó previamente los recursos contencioso-administrativos disponibles y no demostró la urgencia ni gravedad necesarias para justificar la medida cautelar solicitada. Finalmente, el Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que negó la tutela y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La decisión reafirma los límites y condiciones del retiro discrecional en la Policía Nacional, en concordancia con la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional, garantizando el equilibrio entre la potestad administrativa y la protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos.