El caso se originó con la demanda presentada por un docente contra la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación Departamental del Sucre. El reclamante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, debido al pago fuera de término de sus cesantías parciales. El reclamo se fundamentó en que, aunque la resolución que reconoció las cesantías fue expedida dentro del término legal de 15 días hábiles, su notificación se hizo fuera del plazo establecido, generando días de mora que dieron lugar a la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso. Además, se destacó que la renuncia a términos de ejecutoria del acto administrativo modificó el cálculo del plazo para el pago oportuno. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones, argumentando que el pago se realizó oportunamente y no existió mora.

Decisión en segunda instancia

Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre revisó la situación y determinó que la notificación tardía del acto administrativo correspondía al Departamento de Sucre, y que el pago efectivo de las cesantías se realizó con tres días de atraso tras la renuncia a términos de ejecutoria. La Sala aplicó la sentencia de unificación SUJ-012-S2 de 2018 del Consejo de Estado, que establece los parámetros para determinar cuándo se configura la sanción moratoria en estos casos. Según el análisis, la sanción inició el día siguiente al vencimiento del plazo de pago, es decir, el 19 de noviembre de 2019, y finalizó el 20 de noviembre de 2019, configurando un día de mora. Como resultado, el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad del acto administrativo ficticio generado por el silencio administrativo negativo respecto a la solicitud de sanción moratoria, y condenó al Departamento de Sucre a pagar la sanción correspondiente. No se impuso condena en costas en esta instancia.

Importancia del fallo

Este fallo reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los plazos para la notificación y pago de cesantías parciales en el sector público, y determina la responsabilidad de las entidades territoriales cuando incumplen dichos términos, garantizando así los derechos de los servidores públicos docentes en Colombia. En conclusión, la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre sienta un precedente importante para la protección de los derechos laborales de los docentes, enfatizando la obligación de las entidades públicas de respetar los términos legales en los pagos y notificaciones para evitar sanciones moratorias.