El Tribunal Administrativo de Sucre resolvió el recurso de apelación en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, confirmando la sentencia de primera instancia que condenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) a pagar la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales a una docente vinculada al municipio de Sincelejo.

Antecedentes del caso

La docente presentó solicitud para el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales el 29 de agosto de 2019. La Secretaría de Educación Municipal reconoció las cesantías mediante resolución expedida el 3 de septiembre de 2019 y notificó personalmente la decisión el 5 de septiembre del mismo año. Según la normativa aplicable, el término para efectuar el pago vencía el 12 de noviembre de 2019, contados 45 días después de la renuncia al término de ejecutoria del acto administrativo. No obstante, el pago se realizó el 28 de noviembre de 2019, generándose un retraso de 16 días. En noviembre de 2021, la docente reclamó formalmente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, sin recibir respuesta, configurándose silencio administrativo negativo.

Controversia sobre la entidad responsable

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) apeló la sentencia, argumentando que, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en casos de moras causadas a partir del 1 de enero de 2020, la responsabilidad del pago recae en el ente territorial, en este caso el municipio o la Secretaría de Educación. Sin embargo, el Tribunal determinó que el retraso ocurrió en la etapa de pago por parte del Fondo, sin evidencia de demora atribuible al ente territorial.

Análisis jurídico y decisión

El Tribunal basó su decisión en la jurisprudencia unificadora de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que establece los plazos para la exigibilidad de la sanción moratoria tras el pago tardío de cesantías. En el caso concreto, se acreditó que la solicitud fue presentada y resuelta oportunamente, pero el pago se efectuó fuera del plazo legal. El tribunal concluyó que la sanción moratoria es procedente y debe ser asumida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues el retraso se produjo en su etapa de pago y no por demoras del ente territorial. Además, se aclaró que no procede la indexación del valor reconocido, dado que la sanción moratoria representa una compensación superior al reajuste monetario. Finalmente, se confirmó la condena al pago de un día de salario por cada día de mora, en este caso un día, y se negó la condena en costas en segunda instancia.

Implicaciones y vigencia

Esta sentencia reafirma los parámetros para la aplicación de la sanción moratoria por pagos tardíos de cesantías parciales a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Establece también con claridad la responsabilidad de las entidades involucradas según los plazos y etapas del trámite. El fallo es vinculante para casos similares y contribuye a garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales y la protección de los derechos de los servidores públicos docentes. La decisión es definitiva y entró en firme tras ser proferida en enero de 2025. Este pronunciamiento judicial ofrece un marco claro respecto a la responsabilidad en el pago de sanciones moratorias y los términos legales para el reconocimiento y pago de cesantías parciales, beneficiando tanto a los servidores públicos como a las entidades responsables. Así, se promueve la transparencia y el respeto por los derechos laborales en el sector educativo, fortaleciendo la confianza en las instituciones encargadas de administrar estas prestaciones sociales.