Contexto y hechos relevantes

El caso se originó a raíz de un conflicto por la delimitación de tierras en la finca La Concepción, ubicada en el corregimiento La Guaripa, jurisdicción del municipio de Sucre. Tres hermanos, que realizaban labores de delimitación en la finca, fueron víctimas de una emboscada perpetrada por tres individuos armados con pasamontañas, hechos ocurridos el 25 de enero de 2018. Estos hechos resultaron en la muerte violenta de las víctimas. Previo al suceso, las víctimas habían recibido amenazas de muerte relacionadas con la disputa territorial, y solicitaron protección a las autoridades, en particular a la Policía Nacional, la cual tenía conocimiento de la situación y de las amenazas. La Policía Nacional impartió un curso de autoprotección y notificó medidas preventivas, pero no proporcionó acompañamiento ni protección efectiva durante la realización de las labores de delimitación, a pesar de solicitudes expresas para el día de los hechos.

Postura de las partes y análisis judicial

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se opusieron a las pretensiones de la demanda, argumentando que no incurrieron en omisión ni responsabilidad, y que las víctimas no solicitaron protección especial o que, en caso de existir riesgo, no era obligación de la Policía brindar seguridad personalizada de forma continua. Asimismo, señalaron que la responsabilidad recaía en terceros ajenos a las entidades demandadas. Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo determinó que existió una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, dado que no se brindó la protección adecuada ni se realizó un estudio de seguridad acorde al nivel de riesgo. Se concluyó que la omisión vulneró la obligación constitucional del Estado de proteger la vida e integridad de las personas, especialmente ante amenazas graves y concretas.

Fundamentos jurídicos y criterio del Tribunal

El Tribunal destacó que, conforme al artículo 90 de la Constitución Política y la jurisprudencia administrativa, la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la existencia de un daño antijurídico y la imputación jurídica de dicho daño a la entidad pública. Además, recordó que el Estado tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar el derecho a la vida, integridad personal y seguridad de los ciudadanos, particularmente cuando existen amenazas concretas y graves que requieren protección especial. Se precisó la diferencia entre riesgo y amenaza, señalando que la protección estatal debe activarse cuando existe una amenaza extrema que comprometa la vida y la integridad personal, como fue el caso. También se evidenció que, aunque el daño fue causado por terceros, la omisión en la prestación de medidas de protección eficaces por parte de la Policía Nacional configuró la responsabilidad estatal.

Decisión final

El Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la sentencia de primera instancia, declarando patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes. Se reconoció la existencia de falla en el servicio debido a la falta de protección adecuada ante las amenazas previas, lo que generó un daño antijurídico atribuible al Estado. No se impusieron condenas en costas para la segunda instancia. Esta decisión reafirma la obligación de las autoridades estatales de adoptar medidas efectivas para proteger la vida y seguridad de las personas en contextos de riesgo, especialmente cuando existen alertas previas y solicitudes expresas de protección. --- Resumen de responsabilidades y hechos clave | Aspecto | Detalle -----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------- Entidad responsable | Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional Hechos | Muerte violenta de tres personas en disputa por delimitación de tierras Lugar | Finca La Concepción, corregimiento La Guaripa, municipio de Sucre Fecha de los hechos | 25 de enero de 2018 Amenazas previas | Sí, reportadas y conocidas por la Policía Nacional Protección brindada | Curso de autoprotección y medidas preventivas, sin acompañamiento efectivo Fallas identificadas | Omisión en brindar protección adecuada y falta de estudio de seguridad acorde al riesgo Decisión judicial | Confirmación de responsabilidad patrimonial estatal por falla en el servicio | La sentencia sienta un precedente importante para la responsabilidad del Estado en la protección de los ciudadanos frente a amenazas concretas, subrayando la necesidad de medidas preventivas efectivas y acompañamiento policial en situaciones de riesgo comprobado.