El caso se originó cuando un contribuyente solicitó la revocatoria directa de una liquidación oficial de revisión tributaria emitida por la DIAN, que establecía un saldo a pagar por impuesto a la renta y sanciones correspondientes. Al no recibir respuesta dentro del término legal, el solicitante pidió la declaratoria del silencio administrativo positivo conforme al artículo 738-1 del Estatuto Tributario. La DIAN resolvió negativamente esta solicitud, alegando que la respuesta ya había sido notificada electrónicamente. El contribuyente interpuso una acción de tutela invocando la vulneración de los derechos fundamentales de petición y debido proceso, argumentando que la notificación electrónica no se realizó efectivamente. El juzgado de primera instancia declaró la improcedencia de la tutela, señalando que no era el mecanismo idóneo para impugnar actos administrativos definitivos y que existían otros medios judiciales ordinarios, como la jurisdicción contencioso administrativa, para resolver la controversia.

Confirmación en segunda instancia

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó esta posición, enfatizando la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. El tribunal explicó que la tutela sólo procede cuando no existe otro mecanismo judicial eficaz o para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, dado que la controversia versaba sobre la legalidad de actos administrativos definitivos emitidos por la DIAN, la jurisdicción competente para su revisión es la contencioso administrativa. Además, el tribunal recordó que la liquidación oficial de revisión y la resolución que negó la revocatoria directa son actos administrativos definitivos que deben ser impugnados por la vía ordinaria. La acción de tutela no es procedente para solicitar la nulidad de estos actos ni para declarar el silencio administrativo positivo cuando la ley establece mecanismos específicos para ello.

Conclusiones y remisiones

Como conclusión, el tribunal confirmó la improcedencia de la acción de tutela y ordenó notificar a las partes. Asimismo, remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este caso reafirma la importancia de respetar los procedimientos y vías procesales establecidas para la impugnación de actos administrativos tributarios y delimita el alcance de la acción de tutela frente a decisiones definitivas de la administración pública, garantizando así la seguridad jurídica y el debido proceso en materia tributaria.