Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta en representación de un menor que es beneficiario de una pensión de sobreviviente derivada del fallecimiento de su padre, quien era pensionado de la Policía Nacional. La tutela buscaba proteger los derechos fundamentales a la dignidad humana, vida y mínimo vital del menor, ordenando a la entidad reconociera y pagara la pensión correspondiente a través de la representación legal ejercida por su guardadora, quien tiene la custodia y cuidado personal del menor. La Policía Nacional, mediante una resolución, reconoció inicialmente la pensión de sobreviviente, pero condicionó el pago a que la custodia otorgada a la guardadora fuera reconocida judicialmente, desconociendo competencias de otras autoridades familiares. Además, la entidad demoró en resolver los recursos administrativos presentados, lo que motivó la acción de tutela para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social y el debido proceso administrativo.

Decisión en primera instancia

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo tuteló los derechos fundamentales del menor, ordenando a la Policía Nacional resolver los recursos pendientes en un plazo de quince días y reconocer de manera provisional la legitimación de la guardadora para recibir los pagos de la pensión causados desde la ejecutoria del acto administrativo. Se declaró la falta de legitimación en la causa de otras entidades vinculadas. El juzgado señaló que la demora en la resolución administrativa vulneraba derechos fundamentales, en particular el derecho a la seguridad social y al mínimo vital del menor, quien depende económicamente de la pensión para cubrir sus necesidades básicas.

Impugnación y fallo del Tribunal Administrativo

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