Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por la asociación de vendedores informales de Sincelejo y otros, en contra del municipio y entidades vinculadas, por presunta vulneración de derechos fundamentales relacionados con la regulación y reubicación de vendedores informales mediante el Decreto 1120 de 2024 y la Resolución 000663 de 2024. Los demandantes alegaron afectación a su derecho al trabajo, mínimo vital, igualdad, debido proceso, dignidad humana, buena fe y confianza legítima. El municipio adoptó medidas para recuperar el espacio público en zonas de movilidad restringida, implementando la reubicación de vendedores al centro comercial La Paz. Sin embargo, según los accionantes, esta medida no garantiza ingresos suficientes para su subsistencia ni incluye una política pública integral que contemple capacitación, apoyo financiero o un enfoque diferencial.

Decisión judicial y fundamentos

El Tribunal examinó aspectos clave como la legitimación activa y pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad de la acción de tutela. Aunque reconoció que existen mecanismos ordinarios para impugnar actos administrativos, la Sala consideró que la tutela es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales de los vendedores, población en situación de vulnerabilidad manifiesta. Se resaltó la tensión constitucional entre el deber del Estado de proteger el espacio público y la obligación de garantizar los derechos de los vendedores informales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que los desalojos deben respetar el principio de confianza legítima, debido proceso y adoptar políticas públicas que aseguren alternativas laborales dignas y sostenibles para los afectados. El Tribunal identificó que el municipio no demostró haber implementado políticas públicas adecuadas para...