Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por la asociación de vendedores informales de Sincelejo y otros, en contra del municipio y entidades vinculadas, por presunta vulneración de derechos fundamentales relacionados con la regulación y reubicación de vendedores informales mediante el Decreto 1120 de 2024 y la Resolución 000663 de 2024. Los demandantes alegaron afectación a su derecho al trabajo, mínimo vital, igualdad, debido proceso, dignidad humana, buena fe y confianza legítima. El municipio adoptó medidas para recuperar el espacio público en zonas de movilidad restringida, implementando la reubicación de vendedores al centro comercial La Paz. Sin embargo, según los accionantes, esta medida no garantiza ingresos suficientes para su subsistencia ni incluye una política pública integral que contemple capacitación, apoyo financiero o un enfoque diferencial.

Decisión judicial y fundamentos

El Tribunal examinó aspectos clave como la legitimación activa y pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad de la acción de tutela. Aunque reconoció que existen mecanismos ordinarios para impugnar actos administrativos, la Sala consideró que la tutela es procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales de los vendedores, población en situación de vulnerabilidad manifiesta. Se resaltó la tensión constitucional entre el deber del Estado de proteger el espacio público y la obligación de garantizar los derechos de los vendedores informales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que los desalojos deben respetar el principio de confianza legítima, debido proceso y adoptar políticas públicas que aseguren alternativas laborales dignas y sostenibles para los afectados. El Tribunal identificó que el municipio no demostró haber implementado políticas públicas adecuadas para atender integralmente a los vendedores informales afectados. No se acreditaron mecanismos efectivos de socialización, caracterización completa ni programas de capacitación y apoyo económico que mitiguen el impacto de la reubicación.

Órdenes y consecuencias

En consecuencia, se modificó la sentencia de primera instancia para tutelar de manera transitoria los derechos fundamentales de los accionantes y suspender por tres meses los efectos del Decreto 1120 de 2024. Durante este plazo, se ordena al municipio: - Verificar y clasificar a los vendedores informales afectados según su condición y ubicación. - Realizar un censo que identifique sujetos de especial protección constitucional, aplicando enfoque de género. - Evaluar la efectividad de la reubicación en el centro comercial La Paz y ofrecer alternativas económicas o laborales según las necesidades. - Concertar con entidades competentes como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) la elaboración de programas para mejorar las condiciones de vida, promover la formalización laboral y brindar asistencia integral. - Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas. Se confirmó la improcedencia de la tutela respecto a la Resolución 000663 de 2024, dado que no afecta directamente a los vendedores informales.

Implicaciones y vigencia

Esta decisión judicial enfatiza la necesidad de que las autoridades locales implementen políticas públicas integrales y con enfoque diferencial para proteger los derechos de los vendedores informales, población en situación de vulnerabilidad. La suspensión temporal del decreto busca evitar perjuicios graves e irreparables mientras se desarrollan medidas administrativas adecuadas. La sentencia ratifica que la recuperación del espacio público debe armonizar con la garantía de los derechos fundamentales y que los actos de autoridad deben respetar el debido proceso y la confianza legítima de los ciudadanos afectados. El fallo será notificado a las partes y remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, estableciendo así un precedente importante en la protección de derechos de trabajadores informales en contextos de regulación urbana.