El Tribunal Administrativo de Sucre, en segunda instancia, resolvió la impugnación de una acción de tutela interpuesta contra una fiduciaria, cuya finalidad era exigir el cumplimiento de una orden judicial relacionada con la suspensión de descuentos por libranza sobre una pensión de gracia y jubilación. La acción buscaba proteger el derecho fundamental al debido proceso en el marco de un proceso de insolvencia de persona natural comerciante.

Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida para solicitar que la fiduciaria suspendiera los descuentos que se hacían de manera mensual a través de libranza, en atención a una orden del Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, que admitió la demanda de reorganización empresarial por cesación de pagos. Sin embargo, la fiduciaria no respondió a la solicitud enviada, lo que motivó la presentación de la tutela. En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Sincelejo declaró improcedente la acción. Argumentó que la tutela no es el mecanismo adecuado para exigir el cumplimiento de órdenes judiciales en procesos ordinarios, ya que corresponde al juez de conocimiento garantizar ese cumplimiento mediante los medios previstos en la ley.

Consideraciones jurídicas

El Tribunal confirmó esta decisión basándose en el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, que establece que solo procede cuando no existen otros medios judiciales eficaces para proteger derechos fundamentales. En este caso, el proceso de reorganización empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006 ofrece mecanismos adecuados para hacer cumplir las órdenes judiciales. Además, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención inmediata del juez constitucional. El tribunal destacó que la persona afectada recibió una pensión de gracia y jubilación, la cual solo puede ser embargada hasta un 50% conforme a la normativa vigente, y no se demostraron condiciones que evidenciaran vulnerabilidad extrema o deterioro grave en su salud.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma la importancia de respetar la competencia y los procedimientos establecidos en los procesos ordinarios para la ejecución de órdenes judiciales, evitando el uso indebido de la acción de tutela. También subraya la relevancia del principio de subsidiariedad, que protege la jurisdicción ordinaria y garantiza un uso adecuado de los mecanismos constitucionales. La acción de tutela seguirá siendo un recurso excepcional, procedente únicamente cuando no existan otros medios efectivos o cuando se deba evitar un daño grave e inminente. En este caso, la persona afectada deberá continuar su trámite a través del juez ordinario de insolvencia, quien cuenta con facultades para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales. La sentencia fue notificada a las partes y remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a la normativa vigente, concluyendo así el proceso judicial sin que se alteren los procedimientos ordinarios establecidos para la protección de los derechos involucrados.