Antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una acción de tutela presentada para proteger los derechos fundamentales al debido proceso, al voto y a elegir y ser elegido, frente a la solicitud del Registrador Delegado en lo Electoral de suspender los efectos del decreto que convocó las elecciones atípicas para gobernador del Putumayo. Esta solicitud se fundamentó en la falta de asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda para cubrir los gastos necesarios para la realización del proceso electoral. El gobernador inicialmente elegido fue declarado nulo mediante sentencia judicial, lo que motivó la convocatoria a elecciones atípicas para completar el periodo constitucional 2024-2028. El Gobierno Nacional designó un gobernador encargado y estableció la convocatoria electoral mediante decreto presidencial.

Análisis procesal y actuaciones administrativas

El tribunal admitió la tutela y notificó a las entidades involucradas: Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Ministerio del Interior. Los informes presentados señalaron que la Registraduría es la entidad competente para la organización del proceso electoral y que la falta de recursos presupuestales ha dificultado la realización de las elecciones en la fecha prevista. Se destacó una reunión del comité de seguimiento electoral con la participación de autoridades nacionales y locales, donde se acordó aplazar la elección al 23 de febrero de 2025 para garantizar una adecuada logística y seguridad. El Ministerio de Hacienda aprobó la operación presupuestal necesaria para la realización del proceso electoral.

Consideraciones jurídicas y decisión

El tribunal reconoció la procedencia de la acción de tutela para proteger derechos políticos...