El Tribunal Administrativo del Putumayo conoció una acción de tutela presentada por un sindicato de trabajadores de la Contraloría General de la República, que alegaba vulneración del derecho de petición, debido proceso administrativo, igualdad, acceso a funciones públicas y derecho al trabajo. La acción se dirigió contra la Contraloría General y la Universidad de Antioquia, entidad contratista encargada del proceso de selección de personal mediante concurso de méritos.

Antecedentes del caso

El litigio se originó por la reubicación del cargo de Coordinador de Gestión, Nivel Ejecutivo Grado 02, del Grupo de Responsabilidad Fiscal, de la Gerencia Departamental del Putumayo a la Dirección de Atención al Ciudadano en el nivel central. Esta reubicación fue ordenada mediante resolución administrativa y el cargo permaneció en provisionalidad durante un tiempo, situación que generó controversia sobre la convocatoria del cargo en el concurso público de méritos para proveer empleos vacantes en la Contraloría. El sindicato solicitó la reincorporación del cargo a la Gerencia del Putumayo, la suspensión de la convocatoria hasta que se resolvieran las peticiones y una respuesta clara y oportuna a sus solicitudes. También se cuestionó la adecuación del concurso en cuanto a la claridad sobre los grupos misionales y las funciones específicas del cargo.

Cuestiones procesales y competencia

Un magistrado se declaró impedido para conocer el caso por amistad íntima con la accionante, lo cual fue aceptado conforme a la jurisprudencia que regula las causales de impedimento para garantizar la imparcialidad judicial. El tribunal confirmó su competencia para resolver la acción de tutela en primera instancia, conforme a la normativa vigente.

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